Hace dos semanas estalló la polémica del caso Democracia Viva, también conocido como caso Convenios, luego que se destaparan múltiples transferencias de dinero vía trato directo entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones relacionadas, en mayor o menor medida, con el Frente Amplio.

Con poco más de un año en el cargo, la presión en torno a la magnitud del accionar del gobierno de Gabriel Boric sigue aumentando, a la espera que la administración del exdiputado cumpla con una de sus promesas de campaña: renovar la política y condenar la corrupción, caiga quien caiga.

La tónica de la respuesta gubernamental ha estado en torno a movilizar a sus fuerzas políticas y generar comisiones enfocadas a la probidad. De todas formas, la oposición, que abarca desde la centro a la extrema derecha, exige una mayor condena y respuesta por parte del Ejecutivo.

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En torno a estas demandas, el manejo de casos anteriores de corrupción en la política, ligados a autoridades electas, vuelve a ser analizado con mayor importancia. ¿Qué pasó con estos delitos en gobiernos anteriores?

Según la mirada de expertos, en conversación con El Desconcierto, la respuesta de otras administraciones, como la de Bachelet, guardan cierta similitud con la reacción del presidente frenteamplista. Pero esto no ocurrió necesariamente durante los gobiernos de derecha desde la vuelta a la democracia, liderados en ambas ocasiones por Sebastián Piñera.

Bachelet frente a SQM

Durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (PS), se descubrieron casos de financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a través de boletas ideológicamente falsas.

La investigación comenzó a fines de 2014, donde se reveló que SQM, controlada por el empresario Julio Ponce Lerou, pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas.

Entre quienes recibieron estos dineros, se encontraban las campañas presidenciales de Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami en 2009, según la investigación. Al término del gobierno de Bachelet, habían renunciado los ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, además del director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt.

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Según Vicente Inostroza, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) y coordinador del Observatorio de Gobierno UDP-COES, si uno compara la respuesta de Bachelet con la administración del gobierno del Presidente Boric, “fue mucho más lenta en el tiempo en abordar, por ejemplo, una comisión que hiciera medidas para realizar políticas o medidas en relación a la probidad y transparencia y la anticorrupción”.

“Pero sin embargo, (el accionar de Bachelet) se materializó en dos cosas muy diferentes. Por un lado, en medidas mucho más contundentes en el tema de partidos políticos, aunque no tanto en la regulación del uso del suelo comparándolo con el caso Caval”, agrega.

En tanto, el académico de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Luis Garrido-Vergara, señala sobre el caso de SQM que “el gobierno de la presidenta tomó decisiones muy duras, sobre todo sacar al ministro Peñailillo en su momento y quitarle el piso político, justamente sancionando este tipo de comportamientos relacionados con financiamientos indebidos a propósito de mal uso de recursos públicos”.

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“Si pudiéramos decir un elemento en común con el gobierno actual es que la presidenta finalmente terminó asumiendo el costo político de tener que tomar decisiones dolorosas en su gobierno”, agrega.

Así, explica que “la reacción del gobierno de Bachelet con el gobierno actual tiene ciertas similitudes, si consideramos que el gobierno de Boric tomó una postura de decir ‘caiga quien caiga’, que no es sencilla, porque en ese discurso también se comprometen posiciones importantes dentro del gobierno”, como la de Carlos Montes y Giorgio Jackson.

Piñera entre Exalmar y los Pandora Papers

Un prontuario mucho más extenso carga el expresidente Sebastián Piñera (independiente ex RN). Desde aparecer en los Pandora Papers, hasta hacer negocios con información privilegiada mientras era presidente –como con Exalmar o LAN–, lo que le consiguió una mención personal en el “Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado” de Transparencia Internacional.

Lo anterior, sin contar hechos ocurridos antes que fuera mandatario, como el fraude en contra del Banco de Talca, o cuando recibió sobornos de pesqueras durante su primera campaña presidencial.

Según recoge Garrido-Vergara, “las situaciones que afectaron a Piñera estuvieron directamente enfocadas en la persona del presidente, a diferencia de lo que pasó en los casos de Bachelet, que hubo problemas con hechos de corrupción, o en el caso del gobierno actual”.

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“Aquí, en el caso de Sebastián Piñera, hubo una acusación directa al presidente, en múltiples casos, en los cuales se vio involucrado y que revestían, digamos, problemas de discrecionalidad”, agrega.

“Si bien la Fiscalía en general no estableció sanciones mayores al gobierno de Piñera, también fue un hecho que mediáticamente significó que el presidente tuviera que dar explicaciones ante los medios y ante la opinión pública”, recuerda el académico.

Respecto al accionar concreto de la administración de Chile Vamos, Vicente Inostroza complementa que “Piñera no se caracteriza y no se ha caracterizado, incluso para sus votantes, por tener un discurso con acciones en relación a la probidad”.

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“Si comparamos el gobierno de Piñera con el estallido social, donde acumuló una serie de demandas, tuvo casi nula capacidad de respuesta debido al colapso de demandas que tuvo que canalizar el sistema político”, indica.

“Creo que en la agenda social hay algunas consideraciones respecto a aquello, pero fueron totalmente insuficientes para controlar el caso, por ejemplo, de la minera dominga, de los Pandora Papers, o de Exalmar, que en todo caso tampoco hubo tanta consideración en torno a la responsabilidad de incluso el mismo presidente Sebastián Piñera en esos casos”, agrega Inostroza.

Chile frente a la corrupción

Según Luis Garrido, este tipo de situaciones “vuelven a poner a la palestra este gran problema que tenemos en nuestro sistema administrativo chileno, que es justamente el problema de la discrecionalidad administrativa”.

De todas formas, “la buena noticia es que las instituciones en Chile funcionan y los gobiernos, los tres que se ponen en ejemplo, han tenido que enfrentar estas acusaciones, hechos de corrupción o que son cuestionados desde el punto de vista de la opinión pública, y han tenido que enfrentarlos tanto a nivel de la opinión pública, emitiendo declaraciones, como también con hechos concretos al enfrentar a veces procesos judiciales”.

“El discurso que se ha instalado en los gobiernos sucesivos en Chile, es que en estas situaciones tienen que esclarecerse los hechos e investigar para poder estimar, en consecuencia, si los hechos de corrupción revisten consecuencias legales y además políticas”, complementa el doctor.

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Para Inostroza, “es evidente que el gobierno de Boric fue mucho más rápido en relación a los otros gobiernos de Michelle Bachelet y de Piñera en responsabilizar, aunque sigue siendo insuficiente, a ciertas autoridades políticas que estaban metidas en este caso”.

“Aunque sigue una lógica más bien reactiva y no proactiva, en comparación con estos tres gobiernos. Es decir, estos tres gobiernos han tenido una lógica más bien reactiva cuando se destapan los casos para tener medidas o pensar en medidas a favor de la probidad y transparencia”, señala.

“Boric asume posterior a un estallido social, donde su principal demanda era en contra de los actos de corrupción hacia el sistema político y una cierta distancia del sistema político y la ciudadanía. Obviamente una de las promesas del gobierno de Gabriel Boric estaba en esta dirección, y está fallando en su promesa de renovar la política”, concluye.