El Gobierno de Gabriel Boric extenderá a la anterior administración, liderada por el Presidente Sebastián Piñera (2018-2022), su investigación sobre las subvenciones destinadas a fundaciones privadas, después de que salieran a la luz presuntas prácticas corruptas en una fundación ligada a uno de los partidos de la coalición gubernamental, Revolución Democrática (RD).

Cinco años atrás

"Como Gobierno hemos actuado porque somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga y quien tenga que asumir su responsabilidad", agregó la vocera.

Vallejo aseguró que, además de "establecer responsabilidades políticas", el Ejecutivo ha iniciado responsabilidades sumarias y colaborado con la justicia "cada vez que ha sido necesario", y anotó que "espera que ese estándar siempre se cumpla".

El origen del caso se remonta a los millonarios convenios suscritos entre la delegación regional del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de RD, uno de los partidos más importantes de la coalición de izquierda Frente Amplio a la que pertenece el presidente Gabriel Boric y en la que también milita el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con quien el mandatario mantiene un estrecho vínculo.

Tráfico de influencias y malversación

La Fiscalía investiga a Democracia Viva por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco y, en los últimos días, también anunció acciones para esclarecer otros convenios del mismo ministerio con otras fundaciones de otras regiones del país que se dieron a conocer tras destaparse el primer caso.

La polémica ha golpeado fuertemente al Gobierno, tal y como reconoció el domingo Vallejo. Boric sustituyó a la subsecretaria de Vivienda que autorizó los polémicos convenios, pero las presiones de la oposición para destituir al ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, no cesan.

En el centro del debate hay ahora varias propuestas para fiscalizar las instituciones sin fines de lucro, cuyas regulaciones son débiles y acusan falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. / EFE