Francisco Huenchumilla, vicepresidente del Senado, se refirió al proceso constitucional y a la polémica por dos puntos en específico del anteproyecto de Nueva Constitución elaborado por la Comisión Experta.

Estos dos puntos requerirían una consulta indígena, debido a que afectan directamente a los pueblos originarios, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile como ley de la República.

El senador por la Región de La Araucanía señaló que “el Consejo Constitucional tiene la obligación de dar cumplimiento a la consulta indígena que establece el Convenio 169. Este es un tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, y que el propio anteproyecto de la Comisión Experta, en el Artículo 7°, lo reconoce expresamente”.

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En este sentido, el parlamentario recalcó que el propio Artículo 7 del anteproyecto manifiesta que “el Estado respetará y promoverá los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

“En consecuencia, sería muy contradictorio que el propio anteproyecto de la Comisión Experta, en el señalado Artículo 7, estableciera la obligatoriedad de los tratados internacionales, y por otro lado no se diera cumplimiento (a ello) por parte del Consejo Constitucional”, insistió Huenchumilla.

El parlamentario cerró con un llamado al vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto Velasco: “Esta tesis de obligatoriedad del cumplimiento de la consulta indígena está reconocida por el propio vicepresidente de la Comisión Experta, el profesor Soto Velasco, quien el año 2015 publicó un libro denominado “Congreso Nacional y Proceso Legislativo: Teoría y Práctica” donde expresamente señala, en la página 85, que la consulta indígena es obligatoria, para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, por así disponerlo diversas sentencias; tanto del Tribunal Constitucional, como de la Corte Suprema”, recalcó.

Concluyó que todo lo anterior es imprescindible para que “no nos veamos como país en posibles discusiones en instancias internacionales, respecto de la legalidad y legitimidad de la nueva Carta Fundamental que pudiera salir del proceso, que está encabezando en este caso el Consejo y también la Comisión Experta”.

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