Los Ministerios de Hacienda, Justicia e Interior presentaron el proyecto de ley sobre inteligencia económica contra el delito, que eleva los estándares para perseguir la ruta del dinero en Chile, aplicando nuevos métodos, más información y mayor capacidad de trazabilidad para operaciones sospechosas de crímenes.

La iniciativa tiene como principal objetivo golpear el patrimonio de bandas criminales y fiscalizar eventuales ilícitos de orden económico, como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados a la criminalidad organizada.

El proyecto complementa el accionar del Estado con la reciente promulgación de la ley que fortalece el combate al narcotráfico, la llamada Ley Antinarco, con la creación de unidades de inteligencia económica en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.

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Carolina Tohá, ministra del Interior, destacó que “dentro de los 10 ejes de nuestra política nacional contra el crimen organizado está desbaratar la economía del delito, desbaratar el negocio que está detrás del crimen organizado, que es una actividad económica, ilegal, pero económica, que lo que hace es mover y buscar dinero”.

“Este proyecto ataca al corazón de esa dimensión, pero además busca prevenir la corrupción que provoca el crimen organizado, que, donde entra llega a las policías, se mete en la judicatura, en los municipios, en los parlamentos. Por eso, controlar el dinero es también controlar la corrupción, es también controlar la manera en que este tipo de bandas, por el gran poder económico que tienen, logran meterse en las redes de las decisiones, corrompiéndolas y bajando la capacidad de reacción del Estado”, subrayó.

En la misma línea, la vocera Camila Vallejo enfatizó que para enfrentar el crimen organizado “no basta sólo con la acción de nuestras policías, también necesitamos de mayor inteligencia y de mayores herramientas para que las distintas instituciones puedan encontrar a los responsables del narcotráfico, poder detenerlos y poder procesarlos para que tengan las condenas correspondientes”.

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Inteligencia Artificial y bases de datos combinadas

Mario Marcel, ministro de Hacienda, sintetizó la iniciativa señalando que, primero, permite la “detección de actividades sospechosas y, a partir de ahí, el seguimiento de la ruta del dinero y finalmente la aplicación de sanciones o medidas de carácter preventivo”.

En ese contexto, destacó que para la detección de este tipo de actividades es fundamental el análisis de microdatos con Inteligencia Artificial (IA), que sea capaz de identificar “conductas anómalas” de una persona que, por ejemplo, podría estar realizando “operaciones de comercio exterior o flujos de capitales”.

“Una vez se detecta una conducta de esas características es posible ponerle un cortocircuito, interrumpir ese flujo de dinero”, añadió Marcel.

[caption id="attachment_836615" align="alignnone" width="700"] Foto: Ministerio de Hacienda[/caption]

El titular de Hacienda subrayó que una de las claves del proyecto es el intercambio de información entre instituciones. “Va a permitir combinar bases de datos, de tal manera que aquellas bases de datos que están ligadas a la identidad y el historial de las personas, van a poder cruzarse con sus antecedentes financieros y su participación en actividades económicas en particular”.

“El intercambio de información no es simplemente enviar un dato y recibir otro, sino que combinar bases de datos que permitan especialmente la detección temprana de operaciones sospechosas”, recalcó.

En la misma línea, Luis Cordero, ministro de Justicia, destacó que la iniciativa “robustece el trabajo que estamos impulsando en el combate decidido contra el crimen organizado y complementa las disposiciones de otras tres iniciativas claves: la recién promulgada por el Presidente de la República Ley de Antinarcóticos; el Proyecto de ley Contra el Crimen Organizado, que se encuentra en control preventivo; y el Proyecto sobre Delitos Económicos y Medioambientales, que se vota el lunes”.

Además, el secretario de Estado adelantó que probablemente el proyecto tendrá que pasar por las comisiones de Hacienda y Constitución de las dos cámaras.

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 Nueve medidas claves

En resumen, este proyecto de ley considera tres ejes: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica; prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas; y mayores facultades intrusivas y sancionatorias. Algunas de las medidas claves son:

1. Creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, resguardando su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y el Sistema de Inteligencia del Estado.

Estas unidades serán responsables de recopilar y analizar información en las materias de competencia de cada servicio, con el fin de identificar patrones, relaciones y generar alertas para la detección temprana de conductas constitutivas de crimen. Estas unidades estarán además habilitadas para participar de fuerzas de trabajo conjuntas e interinstitucionales en el marco de sus funciones.

2. Unidades de inteligencia podrán levantar información y antecedentes al interior de su respectivo servicio. Además, podrán requerir información a otros órganos públicos.

En caso de que sea información sujeta a secreto o reserva, serán levantados de acuerdo a reglas especiales que permitan contar oportunamente con la información para identificar hallazgos relevantes y realizar análisis de datos. Además, los funcionarios que integren la unidad estarán sujetos a estrictos deberes de secreto y reserva respecto de los antecedentes de que tomen conocimiento en ejercicio de sus funciones, deberes que se mantendrán aun después del término de relación laboral.

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3. Fortalecimiento de las normas para el intercambio de información entre organismos de la Administración del Estado, especialmente con el Registro Civil.

4. Requisitos más estrictos a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas por la CMF, para que ninguna persona acusada o condenada en Chile o en el extranjero, en el marco de leyes referentes al lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades, ni adquirir o mantener 10% o más de participación societaria en ellas.

5. Obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior, a fin de facilitar especialmente labores del SII y Aduanas en materia de fiscalización de infracciones y delitos tributarios y aduaneros, además de persecución del crimen organizado.

6. Quienes no presenten antecedentes patrimoniales plausibles o verificables respecto de las operaciones que realizan, serán objeto de fiscalización y revisión de antecedentes por el SII.

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7. Normas para explicitar la ilegalidad de la explotación de juegos de azar sin autorización legal, fortaleciendo las facultades de la Superintendencia de Casinos y Juegos en esta materia e incluyendo como requisito para la importación de máquinas el contar con autorización previa de esta Superintendencia, entre otras medidas.

8. Modernizar y fortalecer los procedimientos internos a los que están sujetos la UAF, el SII, y el SNA para la fiscalización y sanción de delitos dentro del ámbito de sus competencias.

9. Normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas.