El fiscal nacional Ángel Valencia anunció ante el Consejo de Fiscales que el nuevo encargado de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público será Eugenio Campos, quien actualmente lidera la Fiscalía Regional de Magallanes.

Con 21 años en el organismo, el ex fiscal militar llega a ocupar el puesto que dejó Marta Herrera luego que Valencia le solicitara la renuncia a ella y otros 13 jefes de las unidades especializadas.

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En su aterrizaje al cargo, Campos señaló que “lo recibí como un reconocimiento al trabajo desplegado día tras días desde hace más de seis años, en investigaciones que atentan contra la probidad pública, aunque no solo yo, sino todo el equipo que trabaja conmigo y al equipo de la Fiscalía Regional”.

“El Ministerio Público está en una etapa de grandes desafíos. Esta invitación del fiscal nacional, incluye una directriz bastante clara, cual es la lucha directa contra la corrupción a todo nivel, en particular la municipal y la que atenta contra la función pública, además del lavado de activos que de ello se pueda desprender”, agregó.

Entre sus causas más importantes, Campos lidera desde 2016 la investigación denominada “Verde Austral” o “Pacogate”, que implicó una malversación de más de 28 mil millones de pesos al interior de Carabineros y que involucra a ex altos mandos y oficiales de esa institución, además de civiles.

Sin embargo, también arrastra un halo de cuestionamientos al interior del Ministerio Público, por lo que su ascenso ha generado aún más ruido al interior de la institución.

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El “títere” de Abbott contra el fiscal Arias

En agosto de 2019, Jorge Abbott encomendó a Campos investigar al suspendido fiscal de Rancagua Emiliano Arias por supuestos delitos de violación de secreto e informáticos. Arias fue absuelto en dos ocasiones, e internamente se acusó al fiscal nacional de insistir en sus arremetidas contra el suspendido, pese a que en las investigaciones no se encontraba evidencia de lo acusado.

Incluso, el 2020 la Justicia admitió a trámite una querella del fiscal Arias en contra de Jorge Abbott, donde se apuntaba a una coordinación entre el fiscal Sergio Moya y el fiscal nacional para sacarlo de ciertas investigaciones, entre ellas, la presunta red de corrupción que operaba al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua

En ese contexto, dos funcionarias del Ministerio Público, Macarena Bustos y Carolina Contreras, se querellaron contra Campos por los delitos de apremios ilegítimos y abusos contra particulares. Ambas afectadas lo acusaron de amenazarlas durante el interrogatorio con el objetivo de obtener una declaración que perjudicara a Arias.

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Los polémicos interrogatorios de Campos

En paralelo, las dos funcionarias llegaron hasta la Asociación Gremial del Ministerio Público para denunciar las conductas del persecutor en los interrogatorios, asegurando que fueron objeto de malos tratos, coacciones y apremios ilegítimos.

En el caso de Bustos, señaló que el hostigamiento de Campos llegó al punto de preguntarle “si el Fiscal Regional Emiliano Arias era la causa del término de mi relación sentimental con un funcionario del Ministerio Público”.

Como ella lo negó, relata, “él insistió en este tema, consultándome si alguna vez el fiscal regional Emiliano Arias se había propasado conmigo o había tenido insinuaciones íntimas hacía mí”. El interrogatorio en el que asegura que Campos “la amenazó explícitamente” duró casi ocho horas, donde lloró “prácticamente todo el tiempo”.

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En tanto, Carolina Contreras denunció que el fiscal “habría comenzado a gritarle luego de leer su declaración, preguntándole en qué momento el fiscal regional don Emiliano Arias la había llamado para recibir instrucciones”.

Posteriormente detalla que cuando negó la acusación, él siguió gritándole e incluso la amenazó diciéndole que le leería sus derechos, “pues estaba mintiendo”. Contreras cuenta que el nivel de maltrato de Campos la dejó con “crisis de pánico y terapia”, a lo que sumó un diagnóstico de depresión aguda.

Pese a las denuncias, “el Consejo General de Ministerio Público decidió desestimar que se tratare de una denuncia respecto de hechos constitutivos de delitos, además de rechazar las solicitudes de instruir investigación administrativa en contra del fiscal regional Eugenio Campos Lucero”, acusaron en la querella.

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La acción fue recordada por la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) cuando el entonces fiscal nacional buscaba a su sucesor. En un comunicado, señalaron sobre Campos que sería parte de “la deficiente administración de Jorge Abbott”.

El polémico sumario

En 2009, Campos fue objeto de un sumario por vincular a un abogado llamado Marcos Ibacache —quien fue su colega en la Fiscalía Militar— en un caso de narcotráfico en Punta Arenas.

De acuerdo a la investigación, el fiscal regional habría ocultado antecedentes, específicamente escuchas telefónicas, que exculpaban al profesional.

Según publicó Interferencia, los autores del sumario sugirieron la remoción de Campos por “negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento grave de sus obligaciones, deberes y prohibiciones”.

Sin embargo, la única medida que tomó Sabas Chahuán fue una censura por escrita, pero el fiscal siguió en sus funciones normalmente hasta 2015, cuando fue nombrado fiscal regional.