Para evitar el desvío de armas: El proyecto de ley que busca fiscalizar a quienes administran el armamento estatal
Una nueva moción parlamentaria propone modificar la Ley Nº 20.880 sobre probidad en la función pública para incorporar al régimen de obligaciones y control a los funcionarios que trabajan directamente en los depósitos de armas del Estado.
La iniciativa surge ante la preocupación por casos de corrupción que han facilitado la sustracción, venta y desvío de armamento institucional hacia el crimen organizado.
El texto del proyecto sostiene que las organizaciones criminales han logrado permear diversas instituciones mediante sobornos y otras prácticas, permitiendo que funcionarios públicos actúen como facilitadores en el tráfico de armas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras entidades.
Investigaciones periodísticas y judiciales han revelado robos, desapariciones y comercialización de fusiles, municiones y explosivos, así como la participación de uniformados en estas redes.
El documento recuerda que, según un reportaje citado de 2022, en la última década se registraron 38 casos de robo o desaparición de armamento, con cerca de 54 uniformados condenados por la justicia militar.
También menciona detenciones ocurridas en 2025, cuando seis suboficiales del Ejército fueron arrestados por participar en una organización criminal dedicada al traslado de drogas, así como casos similares en la Fuerza Aérea.
El proyecto enfatiza que, pese a que el decreto ley Nº 400 regula el registro y trazabilidad de armas institucionales, no existe una norma específica que someta a quienes administran los arsenales al régimen de probidad, pese a su rol crítico en el resguardo del material bélico y de objetos sometidos a control judicial.
Según la moción, el poder de fuego del crimen organizado ha aumentado, impulsado por el tráfico internacional de armas, lo que fortalece la urgencia de reforzar los mecanismos de control dentro del Estado.
La propuesta busca modificar la Ley Nº 20.880 para añadir como sujetos obligados a los funcionarios que trabajan directamente en los arsenales de Guerra, el Depósito Central de Armas de Carabineros de Chile, los depósitos de Gendarmería, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones.
Esto implica que deberán presentar declaraciones de intereses y patrimonio, al incorporarse un nuevo numeral 16 en el artículo 4° y actualizar el artículo 5° para incluir esta obligación dentro del catálogo legal.
Según el texto, la finalidad es fortalecer la transparencia, prevenir conflictos de interés y reducir la vulnerabilidad institucional ante el crimen organizado, asegurando controles más estrictos sobre quienes tienen a su cargo el cuidado del armamento estatal.
La moción argumenta que el resguardo de armas requiere seguridad tanto en infraestructura como en personal, y que ampliar la aplicación del régimen de probidad es una medida necesaria para evitar robos y enriquecimiento ilícito dentro de funciones sensibles.
El proyecto de ley, en su primer trámite constitucional, fue derivado a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados para su estudio y posterior informe.
