En una inesperada y polémica decisión, el Presidente Gabriel Boric, nominó a Ángel Valencia como nuevo Fiscal Nacional, quien ostenta una vasta trayectoria en el derecho penal, sobre todo, en la defensa de “influyentes” imputados en causas de alta connotación pública.

Con los votos casi listos en el Senado, el “compadre” del presidente del Senado Álvaro Elizalde (PS) y cercano a Renovación Nacional, espera liderar el Ministerio Público durante los próximos 8 años. Su nombre despierta reparos en algunos sectores porque gran parte de su carrera defendió a imputados en casos de connotación pública como, por ejemplo, un condenado por violación de una menor de 13 años.

Rafael Garay, Miguel Piñera, Mario Desbordes y el exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, engrosan la cartera de clientes del actual nominado a Fiscal Nacional.

El último, Bruno Villalobos, acudió a Valencia en dos ocasiones. La más reciente, que tuvo alta cobertura en la prensa, fue el caso en que se acusó al exgeneral de Carabineros de malversación de caudales públicos, delito por el cual fue formalizado y en su minuto, le fue dictada prisión preventiva y arresto domiciliario.

En la segunda, algunos años antes, Valencia asumió la defensa de Villalobos, quien estuvo en calidad de imputado como cómplice de la muerte de Patricio Manzano, un universitario víctima de la dictadura.

El 9 de febrero de 1985, el joven de 21 años sufrió una descompensación cardiaca producto de la aplicación de tormentos por parte de carabineros, en la 3ª Comisaría de Los Andes, donde un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile fue trasladado por estar en trabajos voluntarios.

Más de 30 años después, Villalobos —quien trasladó a Manzano y el grupo de estudiantes a la comisaría— fue procesado por el ministro en visita Mario Carroza.

Finalmente, el procesamiento fue revocado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La preocupación de organizaciones de derechos humanos

Como muestra de descontento y preocupación por la nominación de Valencia, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), publicó un comunicado rechazando la decisión del Presidente Boric, planteando duras críticas a Valencia.

“Nos violenta esta propuesta del gobierno a Fiscal Nacional del señor (Ángel) Valencia, ya que él como abogado defendió al exdirector de Carabineros, (Bruno) Villalobos, en el caso de Patricio Manzano, muerto en tortura”, expresa el comunicado.

Alicia Lira, presidenta de la organización, también manifestó su indignación con el nombramiento del abogado. En conversación con El Desconcierto, comenta que le inquieta el “pasado” de Valencia,  “no solo en el caso de Patricio Manzano, que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, sino que también porque defendió incluso a un condenado por violación”, cuestión ampliamente criticada por sectores feministas e incluso por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

“Está el riesgo de que Ángel Valencia sea mucho más peligroso en la forma de actuar políticamente, que el ‘besa manos’ Abbott”, asegura Lira, haciendo un llamado al Senado a rechazar su nombramiento.

Actualmente el caso de Patricio Manzano fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde deberá ser revisado.

Valencia no se ha referido públicamente a la declaración de la AFEP, pero se da por descontado que aborde el tema —y otros flancos que se han abierto en su candidatura— en su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado, donde expondrá el lunes en la mañana, previo a la votación agendada para las 16 horas de ese mismo día en sala.

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Los “redes” de Valencia que levantan sospechas

Al igual que en otros, las redes de Valencia levantan dudas en el procesamiento de Bruno Villalobos por el caso de Patricio Manzano.

Fuentes conocedoras del caso comentan que en su rol de defensor, Valencia se reunió previo a que se llevara el procesamiento a Villalobos, con el juez Mario Carroza.

Respecto a esto, desde el entorno de Valencia señalaron que entre abogados penalistas que tramitaron causas bajo el antiguo sistema penal, es sabido que este tipo de gestiones son absolutamente “normales y procedentes”.

Además, explicaron que la reunión se gestionó para poner a disposición del tribunal al propio  inculpado para colaborar con la justicia.

Otro aspecto del caso que es mencionado es la cercanía de Valencia con María Cecilia Ramírez, una de las ministras que integró el trío de magistrados que determinó la revocación del procesamiento. De hecho, Ramírez fue la encargada de redactar el fallo.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Ramírez ofreció inhabilitarse como jueza, ya que está casada con el abogado Jean Pierre Matus, actual supremo, que en esos años compartía estudio jurídico con Valencia. Finalmente, la jurista no se inhabilitó.

Valencia "carece de la debida imparcialidad"

Cristián Cruz, abogado de la familia Manzano, también plantea sus preocupaciones respecto a la nominación de Valencia para liderar el Ministerio Público. Primero, ya que a su juicio “no se garantiza que quienes son propuestos para tan alto cargo como es la Fiscalía Nacional, den confianza al total de la población de que sus programas son de compromiso con los derechos humanos, y en definitiva, con los que son víctimas de delitos, en especial de los delitos más graves”.

Además, por su vinculación en diferentes causas, Cruz considera que Valencia “carece de la debida imparcialidad”.

“Nosotros obviamente que estamos convencidos de las acciones que seguimos y de hecho, hoy día hay una acción ante un organismo internacional, precisamente respecto de lo acaecido con Patricio Manzano y el oficial de Carabineros Villalobos. Entonces resulta difícil poder tener una buena percepción de lo que en definitiva está haciendo el gobierno en la materia”, sentenció Cruz.

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