Son varias las reacciones que se anota la carta del denominado Grupo de Puebla, por su apoyo al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami en el marco del caso SQM, y que fue suscrita por el presidente argentino, Alberto Fernández, y otros 29 líderes políticos de la región. 

En concreto, la misiva realiza un duro cuestionamiento a la labor de los jueces y fiscales chilenos por el desarrollo del caso -que comenzó en 2015-, en el que el expresidenciable es acusado por el Ministerio Público por presuntos delitos tributarios y arriesgaría hasta cuatro años de cárcel.

Ante ello, las críticas no se hicieron esperar, y el espaldarazo del Grupo Puebla fue rechazado en línea por el Gobierno y la Fiscalía Nacional, pese a que el propio Enríquez-Ominami fue enfático al señalar que "la carta es elocuente en denunciar evidentes abusos, violaciones al derecho" y que "Hay evidente sesgo de los fiscales, varios de ellos con dedicación exclusiva".

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La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno tildaron la acción de "improcedente", en un cuestionamiento compartido por el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la titular de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.

Mientras que desde Punta Lavapié, lugar al que el Presidente Gabriel Boric llegó a entregar las primeras viviendas de emergencia para los afectados por la emergencia forestal, el mandatario fue enfático en su respuesta: "Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas". 

Esto, pues la carta apunta directamente al Poder Judicial destacando que los fiscales a cargo del caso están "ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera", asegurando que los persecutores "han ido dilatando el juicio" lo que "vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado".

Asimismo, el jefe de Gobierno agregó que "entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio".

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Y es que, precisamente un par de horas atrás, el titular de Justicia manifestó en T13 Radio que "declaraciones que tienen por propósito afectar o comprometer esa autonomía, en mi opinión, parecen impropias".

Y agregó que "por lo mismo yo la leería como un apoyo político a Marco Enríquez-Ominami. Pero desde el punto de vista institucional, en su contenido, es improcedente".

A pesar de lo anterior, la canciller Urrejola, quien fue una de las primeras autoridades en referirse al tema, aclaró que las declaraciones contenidas en la misiva «no afectan a la relación bilateral con la Argentina, que es una relación que está muy robusta y en la que tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando».

Aunque uno que se mostró en desacuerdo con la titular de RR.EE., fue el excanciller del segundo mandado de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, quien en conversación con Emol aseguró que "estas son las consecuencias de estas situaciones en RR.EE, nada es gratis". 

"Saldo favorable en la cuenta"

Para Heraldo Muñoz "el presidente Fernández está girando a la cuenta abierta por la filtración de aquel audio donde se critica y agravia al embajador de Argentina".

Según el exministro, la controversia por el audio filtrado desde cancillería y que implica directamente a la canciller Antonia Urrejola y al embajador de argentina en Chile, Rafael Bielsa, sería "un saldo favorable en la cuenta" para el país trasandino. 

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"En definitiva el presidente le había bajado el perfil a esa situación, y ahora seguramente espera que se le baje el perfil al pronunciamiento del presidente argentino sobre un caso de la justicia chilena de modo de dejarlo a la brevedad posible", aseguró.

Asociación de Fiscales y Fiscalía Nacional

La carta del Grupo Puebla escaló hasta la Fiscalía Nacional y la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), quienes se acoplaron a las declaraciones vertidas desde el Gobierno al calificar de "improcedente" la misiva.

"Lo que hemos dicho todos en línea, sin ponernos de acuerdo, es que esto es completamente inadmisible, improcedente, injusto (...) nos sorprendió y por supuesto, la rechazamos categóricamente", declaró el presidente de la ANF, Francisco Bravo, en diálogo con T13 Radio.

"Lo que en definitiva desliza, es prácticamente una imputación de corrupción hacia los fiscales. De estar vinculados o de acuerdo con el ex Presidente Piñera, de que esto es una cuestión netamente política", continuó. "Aquí lo importante es que estos hechos sean juzgados, que además no van a ser juzgados por la fiscalía, sino que por un tribunal", zanjó.

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