El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este viernes a la Policía Federal que investigue un plan para un golpe de Estado, denunciado por un senador que involucró en el asunto al expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación se centrará inicialmente en una trama que fue revelada por Marcos Do Val, un senador alineado en la ultraderecha que lidera el exmandatario brasileño, quien se encuentra en Estados Unidos desde fines de diciembre pasado.

Do Val dijo básicamente que, en diciembre pasado, semanas antes de la investidura del nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con Bolsonaro y Daniel Silveira, uno de los referentes de la ultraderecha más violenta y radical.

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Según el senador, en ese encuentro le fue planteado que pidiera una reunión con De Moraes, también presidente del Tribunal Superior Electoral, y grabara la conversación sin que el magistrado lo percibiera.

La intención era, según Do Val, que De Moraes aceptara alguna supuesta irregularidad para favorecer a Lula en las elecciones, lo cual habría servido como una excusa para invalidar los comicios y mantener a Bolsonaro en el poder.

Do Val primero dijo que Bolsonaro consentía con la trama, luego que el exmandatario permaneció callado y que el plan era en realidad de Silveira, quien esta semana fue detenido por reiteradas amenazas al Supremo e incumplimiento de diversas medidas cautelares dictadas en su contra por la Justicia.

El propio De Moraes admitió que en diciembre pasado se encontró con el senador, quien le reveló el supuesto plan pero se negó a presentar una denuncia formal.

"Me dijo que era una cuestión de 'inteligencia' y que no podría confirmarlo, con lo cual solo le agradecí, pues lo que no es oficial, no existe", declaró el magistrado, quien calificó de "ridícula" toda esa supuesta trama.

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Sin embargo, una vez que el propio senador hizo públicos esos presuntos planes y frente a las diferentes versiones sobre el caso que ofreció en declaraciones a la prensa, De Moraes determinó que el asunto sea investigado.

Según el magistrado, la Policía Federal deberá establecer si hubo en realidad un plan en ese sentido y también precisar si el senador pudo haber incurrido en los supuestos delitos de "falso testimonio" y "denuncia calumniosa".

Estas investigaciones han sido enmarcadas en procesos judiciales abiertos después del 8 de enero, cuando una turba de bolsonaristas radicales invadió y destrozó las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Parlamento, en un intento por forzar un golpe de Estado contra Lula, quien había asumido el poder una semana antes.