Un grupo de congresistas peruanos de izquierdas, en minoría en el Legislativo, presentó este miércoles una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral".

En el documento, que ha sido firmado por 26 parlamentarios, se esgrime como argumento para su destitución que Perú "está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte".

La presentación de una moción de este tipo debe contar, cuando menos, con la firma de 26 legisladores, tras lo cual deberá recibir 52 votos para ser admitida a trámite y para que se declare la destitución de un gobernante requiere del apoyo de 87 de los 130 congresistas.

El 7 de diciembre, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo luego de su fallido autogolpe de Estado, comenzaron las protestas antigubernamentales que se expandieron por todo el país desde el 11 de diciembre y que en enero se han mantenido con creciente intensidad.

Desde entonces, 46 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden, así como un policía, que fue quemado vivo.

#Perú: Se cumplen casi 50 días de protestas en Perú y la represión no ha parado. Las autoridades peruanas deben garantizar el derecho a la protesta pacífica y al debido proceso, sin estigmatización. pic.twitter.com/yzg5qmPyYF

— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) January 24, 2023

Al menos, 16 personas más han perdido la vida en distintos escenarios relacionados con los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes, según han confirmado la Defensoría del Pueblo, Acnur, Unicef y la Policía.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria adelantada de elecciones generales y de una asamblea constituyente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en varias ocasiones que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente "carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú".

Esa situación, a su juicio, "puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos", por lo que ha instado al Estado "a que, por medio de las autoridades competentes, avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho".

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