Paulo Contreras, prefecto inspector y jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, ofreció una entrevista que La Tercera publica este sábado, donde se refirió al complejo momento por el que transita el país, afecto a una preocupante crisis de seguridad.

Considerando este contexto, se sumó a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y descartó la presencia en Chile de las "maras", organizaciones criminales que operan principalmente en distintos países de Centroamérica.

Específicamente, la preocupación ante su eventual penetración en territorio nacional, se generó luego de que hace algunos días se constatara que la PDI pidió una sesión secreta a la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte de la Cámara de Diputadas y Diputados, justamente para tratar el ingreso de este grupo criminal a Chile.

"Hasta el momento lo que nosotros tenemos en materia de investigativa -eso significa un trabajo en conjunto con las diferentes fiscalías-, (es que) no existen antecedentes para decir que, como estructura, este grupo se encuentre insertándose en el país o instalándose con alguna mirada de iniciar operaciones criminales determinadas", aseguró Contreras.

Siguiendo con su argumentación, fue claro al respecto. "No hemos tenido la posibilidad de detectar por los pasos de controles oficiales que haya ingresado alguien que tenga esas características", aseguró.

No obstante lo anterior, dijo que "de ser verificable el ingreso, tenemos la capacidad de reacción de poder instalar, previa comunicación al Ministerio Público, los sistemas de monitoreo oportuno para controlar su desplazamiento en territorio nacional".

Adicionalmente, sin embargo, sinceró que "sí existe un interés para instalar diferentes niveles de operaciones en nuestro territorio".

"Esas posibilidades siempre van a estar, porque por doctrina -y esto no es un tema de alarma- Chile tiene las condiciones de país ordenado, donde funcionan los tres poderes del Estado, donde existen garantías a la inversión privada y a la operación pública. Claro que va a ser un país atractivo para las organizaciones que quieran instalar diferentes niveles de operación", dijo.

Posteriormente, insistió en que "no hay nada puntual que haya sucedido" que lleve a pensar de su ingreso y que hayan llevado a realizar esta sesión secreta, sino que "hay un legítimo interés de nuestros legisladores de querer conocer en detalle información que muchas veces está subsumida en el ámbito de la inteligencia criminal, que como tal, se podrá esperar que pueda no ser comunicada públicamente".

Y en cuando a las características de este tipo de células delictuales, aseguró que se trata de "organizaciones que responden más bien a la lógica cultural de la región en la cual se están insertando. Son organizaciones que están acostumbradas a un nivel de violencia que desafortunadamente la literatura indica es muy alto".

Sin embargo, advirtió que esta "es una organización que culturalmente está bastante alejada de la idiosincrasia criminal que tenemos acá, lo que no quiere decir que vamos a bajar la guardia".

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