Agrupaciones de profesionales y expertos, como el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados, han solicitado al gobierno la postergación del IVA a los servicios profesionales que comenzará a regir desde el 1 de enero del 2023.

A la inquietud también se ha sumado el sector minero, donde existen diversos profesionales que se verán afectados con la medida, como ingenieros de minas, geólogos, abogados, ingenieros ambientales, constructores, entre otros, advierte la Cámara Minera de Chile.

“Creemos que es importante, ante la situación económica del país, la que tanto por la inflación en la que estamos inmersos como por las consecuencias económicas que aún se arrastran por efecto de la pandemia, es importante estudiar la posibilidad de postergar la entrada en vigencia, apoyando de esta forma, especialmente a los profesionales independientes", explicó el presidente de la entidad, Miguel Zauschkevich Domeyko.

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De acuerdo al directivo, "también se debe considerar que la situación económica del país no es la mejor. Hemos conocido instancias en las que se están tomando acciones para potenciar la inversión, sin embargo, con normas como éstas se hará más complejo por cuanto el costo final del servicio lo pagará el consumidor final, encareciendo todos los servicios", indicó.

La Ley 21.420 publicada en julio de 2022, y aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera, cambia la definición de servicios, e incorpora exenciones de IVA a las Sociedades de Profesionales y los servicios médicos ambulatorios.

Asimismo, establece que a partir del 1 de enero de 2023, están gravados con IVA todos los servicios profesionales prestados en Chile y los servicios prestados desde el extranjero, cuando sean utilizados en Chile.

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En ella se establece que deben pagar IVA los servicios que provengan de las actividades y las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas. También las compañías aéreas, de seguros, financieras, bancos, administradoras de fondos, sociedades de inversión y otras como actividades de construcción, periodísticas, publicitarias, medios de comunicación, datos y telecomunicaciones.

Además, las rentas obtenidas por corredores, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguro que no sean personas naturales y empresas de diversión y esparcimiento.

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En el Senado ya se ingresó una solicitud para su prórroga, sin embargo, el gobierno ha cerrado la puerta a dicha posibilidad, considerando que el Servicio de Impuestos Internos ha trabajado por varios meses preparando el terreno para esta modificación y los recursos recaudados serán destinados a financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

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