“Guerrilla” en Colegio de Profesores: El juicio que enfrenta a Carlos Díaz y Mario Aguilar
Una demanda laboral por despido ilegal tiene las aguas agitadas en el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, y enfrenta a la actual conducción liderada por Carlos Díaz con su antecesor, Mario Aguilar (ex Partido Humanista).
El problema se originó en la desvinculación de Ricardo Candia, exjefe de operaciones del magisterio, en diciembre de 2020. Aguilar era presidente nacional del gremio en ese momento, un cargo donde tuvo una alta figuración pública por liderar el histórico paro de profesores durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Candia interpuso una demanda contra el gremio, que ascendía a un saldo de $170 millones en multas, imposiciones atrasadas y otros, además de exponer al Colegio de Profesores a una condena por trasgresión de derechos laborales, un tema sensible para una organización dedicada justamente a defender estos derechos.
Pero no se trata solamente de un problema laboral. El caso también representa un “gallito político” interno en el magisterio, y profundiza el quiebre entre Aguilar con Carlos Díaz. Si bien este último llegó al máximo cargo del gremio por el mismo sector que su antecesor, rápidamente se distanciaron políticamente.
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Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores. Foto: Agencia UNO[/caption]
Cruce de declaraciones
Desde el Colegio de Profesores acusan que Aguilar tomó la determinación sin consultar a ningún miembro del directorio nacional, finiquitando a Candia solo por los últimos cuatro años de trabajo como jefe de operaciones, pese a trabajar en el colegio desde 2002.
Sin embargo, la versión de Aguilar, actual presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, es distinta.
En una declaración pública, el docente asegura que “al momento de las elecciones, el presidente electo y actual presidente del colegio (Carlos Díaz Marchant), me solicitó poner término al contrato del señor Candia, porque iba a traer a otra persona para ese cargo (de confianza)".
Esto, de acuerdo con Aguilar, le hizo todo sentido, dado que "es necesario tener a alguien de confianza en ese puesto", según explica.
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Aguilar clarifica que el extrabajador se desempeñó en ese cargo durante sus cuatro años de mandato, y que antes de ser contratado para ese puesto de confianza, se desempeñaba como asesor político bajo contrato de honorarios, durante las administraciones de Jorge Pavez (Fuerza Social y Democrática) y Jaime Gajardo (PC).
Pero desde la organización son enfáticos al señalar que "ningún dirigente respaldó la decisión" del despido. Además dicen que "varios reprocharon a Aguilar su actuar fuera de la institucionalidad y le advirtieron de la ilegalidad que estaba cometiendo".
Además de no encontrarse "dispuestos a proteger a nadie que pase a llevar los derechos de los trabajadores, ni tampoco a quien por sus irresponsables acciones nos lleve a perder valioso patrimonio organizacional", según reza una declaración pública.
Declaración de Mario Aguilar.
Pero según el expresidente, la demanda llegó después de terminar su mandato, donde Candia solicitaba una indemnización por los años de prestación de servicios a honorarios, además de reclamar el pago de cotizaciones previsionales durante el mismo periodo.
"Pero él estuvo años en esa situación y nunca antes reclamó", comenta Aguilar.
El acuerdo por $50 millones
Aguilar también aclara que, al momento del despido, su administración indemnizó a Candia por los años trabajados, sumado al pago de vacaciones proporcionales, entre otros puntos.
Y también es enfático al señalar que la demanda interpuesta contra el gremio no fue "durante los años en que yo ejercí como presidente (...) no corresponde a mi periodo, así que no entiendo qué responsabilidad puedo tener en aquello", manifestó a El Desconcierto, aludiendo a los años que Rodrigo Candia se desempeñó como asesor político durante las administraciones de Pavez y Gajardo.
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Sin embargo, desde la Dirección Nacional califican el hecho como una "vulneración de derechos hacia el trabajador" y un "despido ilegal", que obligó al gremio a extremar recursos.
"Ante la gravedad de los hechos, el equipo jurídico sugiere al directorio nacional ofrecer 50 millones de pesos al trabajador para lograr llegar a un acuerdo", explican, cifra que el exfuncionario aceptó.
Desde el Colegio de Profesoras y Profesores también califican la situación de "la mayor gravedad", señalando que el expresidente Mario Aguilar "además de atentar contra los derechos de un trabajador, no resguardó el cuidado del patrimonio institucional ni el prestigio social de una organización que día a día lucha por los derechos laborales y las condiciones de trabajo de las y los profesores de Chile".
Revisa la declaración del gremio de profesores y el informe de juicio redactado por los abogados del colegio.
Declaración Pública Caso Candia
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