Desalojan propiedad fiscal en la que exseremi vivió gratis durante casi 40 años

Desalojan propiedad fiscal en la que exseremi vivió gratis durante casi 40 años

Por: Carolina Ceballos | 06.12.2022
"Como Ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee", asegura la entidad respecto de la propiedad ilegalmente ocupada por Manuel Miranda y su cónyuge.

Luego de la respectiva notificación, este martes el Ministerio de Bienes Nacionales informó a través de un comunicado que durante esta jornada se materializó el desalojo de la vivienda fiscal, ubicada en calle Los Prunos 7211, en La Reina, en cumplimiento de una sentencia de los tribunales de justicia que determinó que las personas que la habitan son “ocupantes ilegales” y ordenó la restitución del inmueble el 10 de agosto de 2021.

Específicamente, y de acuerdo a lo que detalla la secretaría de Estado, el desalojo se efectuó luego de numerosas conversaciones con los ocupantes y su familia, se han otorgado sucesivas prórrogas para la restitución voluntaria del inmueble. De hecho, la última fue el 4 de julio último, cuando se comprometieron a abandonarlo en un plazo de 30 días, lo que finalmente no ocurrió.

La propiedad

Respecto de las características de la propiedad, la casa de Los Prunos es un inmueble del Fisco, de 833 metros cuadrados, con un avalúo fiscal de más de 230 millones de pesos, en la que el matrimonio Miranda Araya ha vivido desde el año 1973. El Ministerio de Bienes Nacionales ha otorgado diversas oportunidades y plazos para normalizar su situación, los que no han sido cumplidos por los ocupantes, habitando dicho inmueble fiscal gratuitamente la mayor parte de los últimos 40 años.

Tras llegar en 1973 a la propiedad, Miranda la arrendó hasta 1980. En 1983, el Estado le otorgó la posibilidad de compra del inmueble, que no fue concretada porque los interesados nunca presentaron los documentos ni antecedentes necesarios.

Siguieron viviendo gratis hasta 1991, cuando se firmó un nuevo contrato de arriendo con la señora María Teresita Araya como titular. Sin embargo, este arrendamiento solo fue pagado hasta el año 1992. A raíz de este incumplimiento, en 2001 se suscribió un convenio de pago, cuyas cuotas solo fueron canceladas hasta el 2004.

[caption id="attachment_796797" align="alignnone" width="900"] El matrimonio se resistió reiteradamente a abandonar la propiedad-Cedida[/caption]

Desde el año 2005, la situación se ha judicializado y los tribunales de justicia han rechazado las pretensiones de los ocupantes. A pesar de los recursos presentados por el matrimonio ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, se ha mantenido la sentencia favorable al Fisco que ordena la restitución del inmueble. Si bien se han otorgado diversas oportunidades y nuevos plazos para la restitución voluntaria, esta nunca ha sido cumplida, no dejando más opción que el desalojo materializado hoy.

Adicionalmente, Bienes Nacionales aclara que "si bien el matrimonio Miranda Araya corresponde a personas mayores, se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo, según constataron los organismos competentes en esta materia.

Miranda fue funcionario y luego Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana entre los años 1992 y 1994.

"Como Ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee", agrega la entidad liderada por Javiera Toro.

Finalmente, la secretaría de Estado detalla que la "recuperación de la casa de Los Prunos, permitirá al Ministerio de Bienes Nacionales poner a disposición un inmueble de más de 800 metros cuadrados para satisfacer necesidades sociales en la comuna de La Reina, cumpliendo de esta manera con el mandato de hacer una buena administración de los inmuebles fiscales.

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