El 20 de octubre de 2019, cerca de las 17:00 horas, las personas que se encontraban en la Plaza de Armas de la comuna de Colina, manifestándose en el marco del estallido social, creyeron que Carlos Astudillo había muerto.

A 28 metros de distancia, un funcionario del Ejército disparó su arma de guerra en dirección a Carlos, impactando su espalda. La bala le fracturó el fémur y le destruyó la arteria femoral, por lo que estuvo en riesgo vital.

El ataque tuvo como consecuencia que Carlos presentara una hemorragia severa y debiera ser reanimado en siete ocasiones en las operaciones. También atravesó cinco episodios de muerte clínica y debió pasar una semana en la UCI. Además, estuvo dos meses hospitalizado y debió pasar una larga rehabilitación.

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A más de tres años del hecho, el militar Pedro Lavín enfrenta a la justicia desde este martes 30 de noviembre, arriesgando 12 años de presidio, en el inicio del juicio oral contra este integrante del Ejército por delitos relacionados a violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social.

En el juicio está citado a declarar el actual comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, quien se desempeñaba el 2019 como Jefe de la Defensa Nacional para la Región Metropolitana. Y para este jueves se espera el testimonio de este sobreviviente de violencia militar.

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 “Este caso va a marcar un hito”

Carlos Astudillo es cientista político, activista de DD.HH. y actualmente se desempeña como asesor de la senadora Fabiola Campillai. 

“Lavín me disparó durante el estallido social y hasta el día de hoy me mantiene con una movilidad reducida, no voy a poder caminar con normalidad, una infección crónica en el fémur y una lesión vascular en mi pie derecho”, señaló la víctima en un video difundido en redes sociales.

Astudillo es representado por el abogado Eduardo Picand. De acuerdo con el querellante, y tomando en cuenta el poco avance de este tipo de causas, este caso toma relevancia ya que significa “una comisión de delitos graves que afecta los derechos fundamentales, pero en democracia”.

“Este es un crimen que pone en juego los principios más elementales que están contenidos en la Constitución en orden a que la soberanía reconoce como límite, e impone a los órganos del Estado, incluido al Ejército, a respetar y promover los derechos fundamentales. Eso es lo que precisamente no ha ocurrido, no hubo respeto a los derechos fundamentales”, explica el abogado.

Pese a la importancia de este caso, la investigación no logró avanzar en primera instancia. Esto cambió cuando la Fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, se hizo cargo de la causa, logrando avances significativos y llevando a juicio finalmente a Lavín.

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Así lo explica Picand, quien detalla que “acá hay un antes y después desde que el caso pasa a la fiscal Ximena Chong”, haciendo el punto en que “llama la atención que la causa haya avanzado de manera tan seria en manos de una fiscal y sin embargo haya dormido en manos de otra durante tanto tiempo”.

Ahora, la Fiscalía y los abogados querellantes solicitan 12 años de presidio para el militar acusado del delito de “apremios ilegítimos”. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también se hizo parte de la causa, solicita 15 años para el funcionario militar.

“Junto a la Fiscalía estamos pidiendo 12 años de cárcel para obtener justicia, reparación y para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estas violaciones a los derechos humanos”, dijo el sobreviviente de violencia militar.

Para Picand, este caso también tiene un “valor fundamental” para la historia judicial nacional, que al igual que las graves violaciones a los derechos en dictadura, estas causas deben marcar un hito.

“Va a marcar un hito para dejar absolutamente en claro, no solo al Ejército, sino a todos los órganos del Estado, que los derechos fundamentales de las personas están antes y son superiores al propio Estado”, concluye el abogado.

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