La Comisión Permanente del Congreso de Perú admitió a trámite este jueves la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente del país, Pedro Castillo, por corrupción y dio 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es decir, antes de que acabe el año, para presentar su informe final sobre la misma.

Con 19 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones, la Comisión Permanente dio luz verde a que la denuncia constitucional contra el mandatario, por supuestamente liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero, siga avanzando en su periplo legislativo.

La Comisión Permanente, liderada por el presidente del Congreso, José Williams, aprobó en una rápida votación, conceder 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente su informe final sobre dicha denuncia.

El 16 de noviembre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya admitió a trámite la denuncia, que entró en etapa probatoria.

Si el informe final de esta pasa a la Comisión Permanente, el siguiente paso sería la votación en el pleno, donde, para prosperar, requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.

El recorrido legal no terminará en esta instancia, ya que, si el pleno aprueba acusar constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.

Según Castillo, la denuncia supone el inicio de una "nueva modalidad de golpe de Estado", por lo que el Ejecutivo peruano defiende que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.

Pero, por otro lado, está el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que defiende la fiscal general Patricia Benavides.

En este sentido, cabe resaltar que este martes el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso anular otro proceso de denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que plantea inhabilitar al mandatario por cinco años por "traición a la patria" al haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.

El alto tribunal votó a favor de los cuestionamientos planteados por la defensa legal del gobernante al considerar, entre otros motivos, que el informe final que plantea la inhabilitación de Castillo "no es acorde con parámetros de racionabilidad" y "vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad e incumple con la debida motivación".

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