Nueva Constitución: Grupos de la sociedad civil piden a partidos actuar “sin ambigüedades”

Nueva Constitución: Grupos de la sociedad civil piden a partidos actuar “sin ambigüedades”

Por: Carolina Ceballos | 19.11.2022
Se trata de una iniciativa que reúne a “un grupo transversal de personas que, habiendo votado de manera distinta en el Plebiscito, comparten la necesidad de alcanzar una nueva Constitución por medio de un organismo democrático, participativo y dentro del marco de la legalidad”, dijo uno de sus articuladores Álvaro Ramis.

“Reabrir un horizonte de cambios para Chile” se titula un documento que está difundiendo un grupo de personas, organizaciones y movimientos de la sociedad civil de diverso origen, en medio de las negociaciones para implementar un nuevo proceso constituyente que está liderando el Congreso.

Uno de los voceros de esta iniciativa es Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quien comenta que "el contexto de la declaración es la preocupación de un grupo transversal de personas que, habiendo votado de manera distinta en el Plebiscito comparten la necesidad de alcanzar una nueva Constitución por medio de un organismo democrático, participativo y dentro del marco de la legalidad”.

Y agrega que "para eso se están barajando varias iniciativas de incidencia que lleven adelante esta preocupación, debido a que la idea de un acuerdo político despojado de ciudadanía, puede desembocar en una falta de legitimidad del acuerdo y sobre todo del nuevo texto constitucional".

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"Mínimos democráticos"

Específicamente, la declaración apela a "mínimos democráticos". “Estamos convencidos de que es necesario mirar al siglo XXI desde instituciones que respondan a los enormes desafíos de igualdad, libertad y justicia. Instituciones legítimamente democráticas que posibiliten mayor cohesión, mejor gobernabilidad y unidad en la diversidad existente en nuestro territorio”, aseguran al tiempo que transparentan su cuestionamiento al trabajo efectuado por la extinta Convención.

Y agregan que “hoy (…) compartimos una apreciación crítica del trabajo realizado por la CC, debido a que no logró traducir jurídicamente la voluntad de la mayoría de las chilenas y chilenos y, consideramos oportuno volver a expresar nuestro convencimiento respecto a que la Constitución de 1980 y sus modificaciones, siguen siendo un enorme obstáculo para abrir las puertas a un mejor futuro para todas y todos”.

Paralelamente, aseguran que “la oportunidad que se perdió, no puede hacernos perder de vista lo esencial, la sociedad chilena” debe encaminarse a “lograr un consenso que dé viabilidad a un nuevo texto constitucional”.

Consenso que, en opinión de quienes suscriben el documento, “sólo podrá surgir desde el poder constituyente originario mediante una deliberación vinculante, que exprese todas las miradas, en condición de plena igualdad y decidiendo en conjunto ese futuro compartido. Nos jugamos con ello la legitimidad del orden que viene”.

Siguiendo con su exposición y mientras las fuerzas políticas comprometidas en la negociación ya suman casi dos meses y medio de reuniones sin que hasta el momento se visualice un pronto acuerdo, a pesar de que desde diversos sectores ya se ha hablado de que este debiera materializarse durante el mes en curso, plantean que “una nueva Constitución sólo puede nacer desde la soberanía democrática del pueblo de Chile, mediante un órgano electo para ese fin. Este órgano deberá definir de forma participativa y soberana el modelo de Estado y de país que deseamos. Un órgano constituyente sólo se puede validar mediante un método participativo que exprese la voluntad de todas y todos, y no mediante mecanismos que carezcan de legitimidad ciudadana e impidan la expresión de la diversidad”.

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Atentos al trabajo que ha marcado la dilatada negociación, manifiestan sus reparos a las posturas más radicalizadas. “Hoy se busca imponer límites a ‘bordes’ en el proceso de negociación de reapertura del debate constitucional, con el objetivo de no repetir la fallida experiencia anterior. Es un estándar democrático mínimo que las decisiones más importantes deban ser definidas por la gente mediante una consulta nacional, no pueden ser impuestas por los partidos políticos sin más”, cuestionan relevando el rol ciudadano en el proceso.

Y a renglón seguido, directamente emplazan a los negociadores a transparentar su postura frente al proceso. “Llamamos a los partidos políticos a definirse y pronunciarse sin ambigüedades”, agregan en un documento en el que se evidencia la inquietud ante el trabajo de la mesa.

Adicionalmente, declaran, una nueva Carta Magna para el país “podría surgir desde un proceso claramente legítimo”, asegurando un marco legal representativo y soberano “que consagre y garantice los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales al pueblo chileno mediante un nuevo marco institucional que nos represente a todas y todos”.

“Necesitamos una verdadera nueva Constitución, no una reforma a la que rige de facto en la actualidad, y que garantice y promueva la democracia en todas sus dimensiones, la seguridad, la transparencia, el pluralismo, el buen vivir bien de las personas, el respeto a la naturaleza, la soberanía sobre nuestros recursos naturales y los derechos fundamentales como ejes rectores de nuestra convivencia”, enfatizan apelando al rol de una ciudadanía activa, alegre y creativa para garantizar una Constitución legítima y democrática que involucre en su diversidad a los múltiples actores sociales que desde hace mucho tiempo trabajan desde distintos enfoques en hacer más justa la vida en nuestra patria”.

[caption id="attachment_350324" align="alignnone" width="1270"] Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano[/caption]

De acuerdo con Ramis, el grupo en esta etapa se encuentra "recopilando las firmas y esperamos que la próxima semana puedan comenzar a ser publicadas las personas que adhieren a este proceso".

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Respecto de los firmantes, estos ya superan las 1.000 personas. Entre ellas se encuentran el constitucionalista español Rubén Martínez, además de Víctor Osorio, exministro de Bienes Nacionales de la segunda administración de Michelle Bachelet.

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