Abusos sexuales de carabineros en el estallido: La arista que reflotó Boric en el 18-O
Durante su alocución desde La Moneda en el contexto del tercer aniversario del estallido social, el Presidente Gabriel Boric aludió a la violencia sexual que enfrentaron algunas personas en el contexto de la revuelta.
“Debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver repetir”, sostuvo el mandatario.
Pero sus declaraciones no pasaron inadvertidas en la oposición, donde rápidamente reaccionaron a través de un grupo de diputadas de la UDI que tomó la decisión de oficiar a la Fiscalía y al Poder Judicial para confirmar la veracidad de estos dichos.
De acuerdo a lo que detalla La Tercera, pese a que las parlamentarias Flor Weisse, Marta Bravo, Natalia Romero y Marlene Pérez reconocen que, según la Fiscalía, se oficializaron 67 denuncias por abuso sexual en este contexto, no habría condenas que las respalden.
“Lo que ha hecho el Presidente Boric es absolutamente grave, no sólo porque da por sentado que hubo casos de abusos sexuales supuestamente cometidos por funcionarios policiales, sin que existan condenas al respecto, sino que también porque trivializa situaciones que son sumamente dolorosas para las mujeres, y lo hace con el único objetivo de sintonizar con la extrema izquierda que validó la violencia y el vandalismo en esa época”, aseguraron.
Incluso, anunciaron que buscarán acreditar que las denucias se apegan a lo sucedido durante la revuelta social. “Decidimos oficiar a la Fiscalía y también al Poder Judicial, para que nos puedan clarificar si efectivamente hubo formalizados y condenados por casos de abuso sexual en el contexto del estallido, porque la información que al menos nosotras manejamos es que las causas fueron desestimadas por la justicia”, detallaron.
C0nsiderando un eventual error del mandatario en sus declaraciones, aseguraron que “resultaría sumamente grave que el Presidente Boric, casi en cadena nacional, le haya imputado delitos graves a los funcionarios policiales sin que hayan sido comprobados”.
Y en defensa de quienes habrían cometido estos ilícitos atribuidos por el Presidente, insistieron en que “efectivamente hubo denuncias por estos hechos en el marco del estallido social, pero han sido desmentidas por la justicia, incluso el caso de un estudiante universitario, donde los siete carabineros que habían sido acusados fueron absueltos por un tribunal”.
Paralelamente, las parlamentarias convocaron al gobierno a entregar los respectivos antecedentes a las instituciones que corresponden, de tenerlos. “Antes de esperar a lo que informe la Fiscalía y el Poder Judicial, lo que esperaríamos es que sea el propio Presidente el que salga a aclarar sus dichos, y si efectivamente se comprueba que ninguna de las denuncias ha terminado en una condena, lo mínimo es que le ofrezca disculpas públicas y personales a Carabineros de Chile”, aseguraron emplazando a la autoridad.
RN oficia a Presidencia
Por su parte, en RN se sumaron a la convocatoria gremialista, oficiando a Presidencia para que entregue antecedentes respecto de la imputación que hizo Boric esta mañana.
El oficio responde a una gestión del diputado José Miguel Castro que respaldaron 12 parlamentarios del partido liderado por Francisco Chahuán y en él solicitan la entrega de la información que respalde la declaración del Presidente.
“Resulta de suma importancia, sobre sus dichos, particularmente en los que habla acerca de agresiones sexuales y muertes efectuadas por las policías, remita información respecto a los antecedentes que se tuvieron a la vista a modo de fundar aquel juicio, así como también, la causa rol respectiva que llevaron a la condena al personal uniformado acerca de aquellos hechos”, detalla el escrito.
“Si él (Boric) quiere ir en la senda de entendernos mejor, de poder aglutinarnos como país, esto no le hace nada, nada bien. Es gravísimo lo que hizo el Presidente”, cuestionó Castro.
Informe de Amnistía Internacional
Desde Amnistía Chile, en tanto, su director Rodrigo Bustos respaldó las declaraciones de Boric, aclarando a través de un posteo en Twitter al medio Ex-Ante, que sí hubo casos de violaciones a los derechos humanos de connotación sexual durante el estallido.
Es importante que @exantecl tenga claro que, además de sendos informes internacionales que abordaron existencia de violaciones de derechos humanos con connotación sexual, pueden revisar esta sentencia de un tribunal de Arica del pasado 22 de septiembre.https://t.co/w8Le3TVxx9 https://t.co/gjjEZyux4W
— Rodrigo Bustos Bottai (@Rodrigo_BustosB) October 18, 2022
De hecho, un informe publicado de octubre de 2020 de Amnistía Internacional con cifras oficializadas hasta el 30 de noviembre de 2019, detalló que la Fiscalía "registraba 246 víctimas de violencia sexual, seis por penetración sexual con un objeto y dos por violación sexual, una de ellas, por violación múltiple".
La versión de Amnistía Internacional fue reforzada por Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien ratificó que “las violencias sexuales existieron”.
“En las querellas que hemos presentado en materias de abuso sexual, quienes hemos señalado que estarían implicados son carabineros", comentó en entrevista con CNN Chile.
https://twitter.com/CNNChile/status/1582492169754923008
Al enfrentar los cuestionamientos de la derecha, comentó que si bien “no necesariamente pueden haber condenas respecto de eso, eso no niega la violación a los derechos".
La condena
Pese a las denuncias, solo una querella en este ámbito ha terminado en condena, mientras otra fue desestimada y la causa sobreseída.
Específicamente, y de acuerdo a lo que detalla Mega, en septiembre de este año el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a la cabo de Carabineros, Francisca Benavides Vera, por el delito de apremios ilegítimos. La sanción que recibió el uniformado es de 541 días de presidio, además de la suspensión de su cargo durante el tiempo de la condena.
En de octubre de 2019 uniformados detuvieron a dos mujeres y un hombre por no tener salvoconducto para circular por la vía pública en toque de queda. El fallo asegura que en esas circunstancias, la cabo Benavides obligó a ambas mujeres a desnudarse y agacharse, exponiendo su zona genital.
Pero este, no es el único caso. Así lo detalla un informe del año en curso 2022 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que asegura que en las querellas que el organismo interpuso se consideran 533 hechos de violencia sexual. El desglose apunta a 41 casos de amenaza de violación, 378 de desnudamiento, 104 de tocaciones y 10 de violación y/o introducción de objetos.
Adicionalmente, la organización de Abogadas Feministas Abofem a través Rebeca Zamora, profesora de Derecho Penal de la Universidad Central, y quien tuvo a su cargo estos procesos legales, mientras ejercía como directora de litigación estratégica de la agrupación, el año 2019, también cumplió un rol relevante en este ámbito.
Zamora cuenta que en el contexto del estallido que ingresaron alrededor de 40 querellas por delitos sexuales. “La mayoría de estos delitos se cometieron por uniformados en ejercicio de sus funciones, dentro de carros e instalaciones policiales, donde los registros de cámara no existen o no han sido entregados, lo que dificulta aún más su comprobación”, ilustró al medio citado.
“Estos delitos, por su naturaleza y como la inmensa mayoría de las agresiones sexuales, suelen ser perpetrados en condiciones donde su comprobación será sumamente difícil. Es por ello que varias de esas causas se han archivado sin poder establecer responsabilidades a la fecha”, argumentó luego.
