Transición energética: Un asunto de justicia
“La transición energética es la mayor transformación que nunca ha tenido el ser humano en su historia y tenemos poco tiempo para hacerla”. Así resume Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables, la importancia, y sobre todo la urgencia, de la transición energética.
De acuerdo con los cálculos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la transición energética es un proceso que no da espera.
“Si no logramos fuertes reducciones de las emisiones de forma inmediata en todos los sectores, limitar el calentamiento global a 1,5 °C (2,7 °F) estará fuera de nuestro alcance”, señaló ese organismo en abril de 2022.
En sus informes, el IPCC ha logrado compilar evidencia suficiente para concluir que la actual crisis climática que vive el planeta se originó por las altas emisiones de gases que producen el efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO2), que se libera en gran medida al quemar combustibles fósiles como carbón, petróleo o gas fósil, entre otros.
Para hacer esta reducción definitiva hay poco tiempo. El Acuerdo de París, que ha sido firmado por 194 países, se puso la meta de limitar el calentamiento global a 1.5°C en comparación con los niveles preindustriales.
Para alcanzar ese objetivo, las naciones se han propuesto reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad con plazo a 2030 y a cero a 2050. Este plazo es corto si se piensa que, como dice Ana Lía, esta es la mayor transformación que emprende la humanidad.
Un cambio tan vertiginoso como el que supone transformar las principales fuentes energéticas que usa la humanidad para transportarse, comer o producir bienes, en menos de treinta años, plantea serios desafíos para muchas poblaciones en América Latina que, aunque son las menos responsables de la crisis climática, podrían ser las más afectadas por la transición.
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La transición energética justa, una disputa
Felipe Andrés Fontecilla es uno de los autores del informe Transición Energética Justa Latinoamérica. De la descarbonización a la transformación, un estudio de varias organizaciones sociales en el que se plantean algunos de los desafíos que tiene la región para lograr que su transición no deje a nadie atrás. Para él, estamos ante el desafío de salvar al planeta migrando hacia energías limpias pero también ante la posibilidad de hacerlo incluyendo a quienes por décadas han estado marginados de estas discusiones.
Según este informe, que fue coordinado por Felipe junto a Javier Lecourt y Felipe Pino , en 2021 el sector energético contribuyó con el 73,2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y, a pesar de que las emisiones en América Latina representan el 8,3% de las emisiones mundiales, esta es una de las regiones más vulnerables a los impactos que tiene la crisis climática sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
A esto se suma que, según un informe sobre pobreza energética, publicado en 2020 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en esta región del mundo hay altos índices de poblaciones que no cuentan con acceso a ningún servicio eléctrico.
El estudio dice que “en ciertos países de Centroamérica la proporción de hogares que no poseen acceso a este servicio energético es mayor que el resto de la región, por ejemplo, los casos de Guatemala (16,5 %), Panamá (14,8 %), Nicaragua (14,3 %), El Salvador (11,8%) y Honduras (9,6%), los cuales ven limitada su integración a diversos beneficios socioeconómicos relacionados con la electricidad”.
En esto hay al menos tres injusticias evidentes. Por un lado, América Latina es la región que menos gases de efecto invernadero emite pero es una de las más afectadas por la crisis climática. Por otro lado, aunque posee recursos para extraer fuentes de energía o generarla, en algunos países hay poblaciones enteras sin acceso a una fuente de energía tan indispensable como la electricidad.
Y, en paralelo, en América Latina hay poblaciones gravemente afectadas por la extracción de minerales que son indispensables para desarrollar los aparatos tecnológicos usados para generar energías limpias. Así sucede, por ejemplo, en el norte de Argentina, en la población Antofagasta de la Sierra, en donde la extracción del litio, un metal reutilizable usado en la construcción de baterías y fundamental para la transición energética; ha traído consecuencias nocivas para la salud, la cultura y la biodiversidad de la población.
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Sobre la desigualdad en el acceso a servicios de energía, Ana Lía dice: “Cuando hacemos la transición hacia energías sin contaminantes y sin gases de efecto invernadero, que es lo que está provocando la crisis climática, es importante también que esa misma población que ha sido vulnerada o que no tiene los accesos a suministros energéticos a precios razonables y convenientes, tampoco sea afectada por ese cambio. Por eso no podemos terminar afectando a aquella población que es importantísima, sobre todo en la región de América Latina, que con menos accesos a soluciones de energía deban pagar un precio o un costo que encarezca sus accesos a soluciones de energía”.
La explicación que ofrece Felipe sobre el origen de estas injusticias requiere una mirada al pasado. “Creo que es importante tener en mira el contexto histórico que nos muestra que hay relaciones de poder que se manifiestan a nivel global entre el norte y el sur global. El norte como los que extraen y el sur como los extraídos. Esta relación nos ha dejado a las expensas de los desechos, los contaminantes de la industria extractiva y sin los recursos que necesitamos para poder sobrevivir. Entonces tenemos comunidades enteras, naciones enteras empobrecidas por esta dinámica global”, asegura.
Por eso, según dice, estos procesos de transición son una oportunidad de cambiar estas relaciones de poder y de poner más atención a las comunidades que históricamente se han visto excluidas de los beneficios provenientes de los recursos energéticos. “La transición justa es una avenida, una forma, de que el proceso de transición tenga en consideración a este grupo de personas. Esa es la gran razón: no podemos hacerlo más sin las comunidades, tenemos que establecer procesos que tengan principios de equidad, de participación y de respeto a los derechos humanos”, agrega Felipe.
Otro de los desafíos que se le suman a la transición energética y que hacen pensar en la necesidad de hablar de justicia en este proceso tiene que ver con las poblaciones y países que históricamente se han sustentado con las rentas que genera la extracción de combustibles fósiles y que tienden a desaparecer.
De hecho, la reflexión por la justicia en las políticas ambientales nació en la década de 1970 de la mano de movimientos sindicales de Estados Unidos que empezaron a manifestar sus preocupaciones por las afectaciones a la salud que les causaba su trabajo debido a los daños ambientales generados por las industrias en las que trabajaban. En las décadas de 1990 y 2000 el concepto de transición justa se expandió por el mundo impulsado por las negociaciones climáticas y los grupos sociales que propenden por una justicia climática.
Luisa Palacios es investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Ella ha estudiado los desafíos que tiene América Latina para financiar la Transición Energética y allí también ve algunos problemas para que este proceso se haga con justicia.
“En cualquier escenario de transición energética que yo he visto, el carbón desaparece. Entonces ¿qué tal los países que lo producen y qué tal las comunidades que dependen de esa producción o que su trabajo depende de la producción de carbón? Si un gobierno decide que no quiere más carbón porque emite mucho, ¿qué va a hacer con las comunidades que dependen de ello en el futuro? Los gobiernos tienen que invertir en pensar cómo esas comunidades van a transitar a una nueva economía basada en energías renovables”, afirma.
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Esta es la situación de la región Guajira en el norte de Colombia. Allí durante décadas se ha explotado el carbón sin que los beneficios económicos impacten la calidad de vida de las personas que habitan los territorios en donde se extrae, pero en años recientes se ha buscado generar energía eólica a través del mismo modelo que deja de lado a la población. Ese impulso a la transición energética ha dejado dudas sobre la justicia con que se está implementando.
Así que el panorama que señalan Ana, Luisa y Felipe está lleno de desafíos y de preguntas incómodas que deben hacerse los gobiernos, así como los grandes poderes mundiales.
Por parte de la sociedad civil, existen movimientos sociales que procuran que la transición energética se haga con justicia para las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y todas las personas que históricamente han sido excluidas de las decisiones sobre las fuentes de energía.
Como dice el informe Transición Energética Justa Latinoamérica, esto sólo será posible si la transición es adelantada con principios de equidad, transparencia, participación y con respeto absoluto a los derechos humanos.
