Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago interpusieron vecinos de Las Condes, cuyas propiedades están alrededor del Canal El Bollo, luego del dictamen de la Contraloría General de la República (CGR).

En su resolución, el ente de control extendió la zona de afectación a utilidad pública del canal a 80 metros, apuntando a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes no consideró el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) al otorgar los respectivos permisos de edificación.

Los propietarios señalan que son más de 200 personas afectadas por el dictamen y algunos llevan más de 30 años viviendo en el lugar. “Muchas familias, que construyeron o compraron sus inmuebles, con permisos debidamente aprobados y recibidos hace más de tres décadas, serán perjudicadas retroactivamente”, acusan.

En el debate asoma otro elemento: “Lamentablemente, este tipo de medida instala el prejuicio de que los afectados son personas de buena situación económica; pero lo cierto es que este dictamen no distingue clase social, pudiendo afectar a más familias que con esfuerzo han luchado por lograr el sueño de la casa propia”, señalan.

El abogado Julio Pallavicini, representante de las familias afectadas, advirtió que el dictamen de la Contraloría es ilegal y arbitrario, pues “contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880 (que limita la retroactividad de los actos administrativos) y el artículo 4 LGUC, que fija las atribuciones interpretativas de las seremis de Vivienda, al afectar con la nueva extensión de la franja, adquisiciones y edificaciones de inmuebles aledaños que han tenido lugar por más de 30 años, sin considerar el área de protección de 80 metros”.

Además, el abogado acusó que se produce una “inconsistencia jurídica” entre la franja de protección del canal en las comunas de Las Condes y de La Reina, pues para la primera ella sería de 80 metros y para la segunda de 15 metros.

De hecho, agregó, con el nuevo criterio nada impediría que en el futuro se fijara por la vía interpretativa, que la franja de protección del canal en la municipalidad de la Reina se extendiera a 80 metros.

En este sentido, los vecinos están pidiendo “que se reconsidere la extensión de las zonas de afectación de dicho canal a 15 metros, tal como lo estableció la Seremi de Vivienda y como ocurre con el Plan Regulador Comunal de su vecina comuna de La Reina, si no, tendrían que homologar el mismo dictamen a este último municipio y el desajuste sería doblemente catastrófico”, aseguró Pallavicini.

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