La Convención Constitucional (CC) que redacta una nueva Constitución está a dos meses de finalizar su trabajo entre grandes expectativas, encarando una sostenida campaña de desprestigio a la vez que avanzan en su seno derechos fundamentales ausentes en la Carta Magna vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y sindicada como la génesis del malestar social que remeció al país durante los últimos años.

Luego que casi un 80 % se mostrara a favor de cambiar la actual Carta Fundamental, y en mayo del siguiente año se eligiera a 155 miembros del organismo -incluyendo criterios de paridad entre hombres y mujeres inéditos en el mundo y reserva de escaños para los pueblos indígenas-, mayoritariamente sin militancia en partidos tradicionales y de tendencia progresista, la Convención celebró el sábado su último plenario de votaciones para definir el borrador.

Durante las últimas semanas, al calor del debate en cada comisión, la CC definió avances importantes que quedaron plasmados en la propuesta final, destacando como punto de inflexión a juicio de constituyentes y expertos la definición de Chile como un "Estado social de derecho", buscando terminar con cuatro décadas de "Estado subsidiario" y la privatización de servicios básicos derivada de la ley fundamental vigente, duramente criticada durante la ola de protestas por la igualdad de fines de 2019.

[Te puede interesar] Nueva Constitución: Revisa aquí los 499 artículos aprobados del borrador de la Carta Magna

A continuación, algunos aspectos, recogidos por EFE, que explican las principales normas aprobadas por la Convención Constitucional y los pasos que siguen en el hito político más relevante del país en décadas, en un escenario marcado por el crecimiento sostenido de la opción para rechazar la propuesta, según algunos sondeos, a la espera de que el texto final pase a la Comisión de Armonización de cara la disolución del espacio el 5 de julio.

Derechos fundamentales

Pese a que fue reformada más de 50 veces en democracia, la actual Constitución no cambió su base ultraliberal inspirada en la doctrina del economista Milton Friedman y los "Chicago Boys", orientada a la privatización de derechos básicos como el agua, la educación, la salud y las pensiones.

Con la vocación de dejar atrás dicho régimen, los convencionales aprobaron derechos sociales que a la fecha están sujetos al mercado y a la realidad económica de cada núcleo familiar: se pone fin al mercado del agua, se propone un sistema universal de salud y el fortalecimiento de la educación pública, laica y gratuita en todos sus niveles, además de libertad sindical, derecho a huelga y la promoción de la corresponsabilidad social y de género en trabajos domésticos y de cuidado.

Además, se incluyen el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la protección de los datos personales, a la libertad de enseñanza -elección de padres y apoderados sobre el tipo de educación que recibirán sus hijos-, de cátedra y de propiedad, entre otros.

Sistema político

Al igual que otros países de la región, se establece que el Estado es plurinacional, reconociendo autonomía de pueblos originarios y nuevos derechos, aunque algunos de sus representantes no están conformes con la profundidad de las normas aprobadas, en tanto no se reconoció el genocidio indígena o el derecho a la transhumancia.

Por otro lado, se mantiene el régimen presidencial y se propone un poder legislativo bicameral asimétrico, conformado por un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones con igual número de representantes por cada una de ellas con menos atribuciones que el actual Senado, que dejará de existir.

Apruebo o Rechazo

Las alarmas, tanto al interior de la Convención Constitucional como en el gobierno de Gabriel Boric, se encendieron a principios de abril, cuando tres encuestas pusieron cifras a la reducción de la confianza y situaron por primera vez como ganadora la opción de rechazar la nueva ley fundamental.

"Son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso", señaló entonces el jefe de Estado, uno de los firmantes del acuerdo político que dio paso a la creación de la Convención para contener las protestas de octubre de 2019.

Desde diversos sectores, han argumentado miembros de la Constituyente, se ha desplegado una campaña de desprestigio y desinformación en contra del espacio deliberativo, con un debate prolongado al que la sociedad chilena no está habituada, no exento de escándalos que afectaron a grupos electos y forzaron la renuncia de uno de ellos por mentir durante las elecciones.

[Te puede interesar] No fueron 30 pesos: Las demandas del estallido aprobadas en proyecto de nueva Constitución

La derecha, que consiguió 37 escaños y quedó sin poder de influencia o veto en el organismo, acusa exclusión de algunas negociaciones y critica las principales propuestas de sistema político y de derechos, promoviendo incluso el diseño de una "tercera vía" en caso de que se imponga el rechazo al nuevo texto constitucional.

Comisión de Armonización

Con la misión de consolidar la coherencia, claridad y calidad técnica del texto constitucional, la Comisión de Armonización, integrada por 40 convencionales, deberá revisar cada una de las 499 normas aprobadas por el Pleno, identificando posibles inconsistencias en los contenidos y con facultades para realizar solo cambios formales.

A partir de este lunes, la comisión iniciará su trabajo con plazo máximo hasta el 9 de junio, fecha en que deberá presentar su informe final al pleno.

? ¡Conoce el borrador de una nueva Constitución #JustaParaChile! ??

Ahora comenzamos el trabajo de sistematización, preámbulo y en los artículos transitorios que regularán los plazos para su implementación.

? ¡Infórmate y comparte! https://t.co/3Eb1cGUusB… pic.twitter.com/bFkgjaF8LN

— Chile Convención (@convencioncl) May 15, 2022