Este lunes, el abogado Francisco Ugás se pronunció respecto de la determinación de la Alta Corte australiana, que esta misma jornada descartó la apelación presentada por la defensa de Adriana Rivas González, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), miembro de la Brigada Lautaro y exsecretaria del Manuel Contreras, en el marco de su proceso de extradición a Chile.

"Esta decisión se enmarca en el deber que tiene Chile, como Estado, y también Australia, en lo que a la obtención de la verdad, la realización de la justicia, la reparación de víctimas y las garantías de no repetición que debe cumplir todo Estado que forma parte de la comunidad internacional, ante la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad”, aseguró el profesional.

Ugás, quien desde el año 2011 está abogando por la extradición de Rivas, como querellante y representante de los familiares de seis de las siete víctimas de este caso, valoró la decisión de la Alta Corte extranjera, que declaró abandonada la solicitud de venia para apelar que planteó la defensa de Rivas.

Con esta decisión, culmina la etapa judicial de este procedimiento ante Australia, y se pasa a una fase administrativa, tras cuyo término y de ser esta favorable, se materializaría la dilatada extradición.

En consecuencia, a partir de ese momento, debería responder ante la justicia chilena, como coautora de los secuestros calificados de siete dirigentes comunistas, entre los que está el entonces secretario general de la colectividad Víctor Díaz, y Reinalda Pereira, quien al momento de su detención tenía cinco meses de embarazo.

"Viene a cerrar la etapa judicial de este procedimiento"

“A quienes representamos, y a nosotros mismos, nos produce una sensación de satisfacción y a la vez de alegría la decisión que hemos conocido de High Court de Australia, en el marco de esta extradición de Adriana Rivas, la cual valoramos positivamente, porque viene a cerrar la etapa judicial de este procedimiento, quedando sólo pendiente la última etapa, de carácter administrativa, ante el mismo Fiscal General de Australia, quien ha sostenido la petición de extradición de ella, en representación del Estado de Chile”, aseguró al respecto Ugás, coordinador jurídico del Estudio Caucoto Abogados.

Paralelamente, el profesional detalló que “para que se pronunciara esta decisión de la High Court, que declara abandonada la solicitud de venia para recurrir ante dicho tribunal, debo resaltar el trabajo mancomunado llevado a cabo entre las familias y sus defensas, y la sociedad civil en Australia. Y también, entre el Estado de Chile y el de Australia, que se ha expresado de múltiples maneras. La última, esta certificación que da cuenta de la resolución de la High Court, que declara el abandono de la solicitud de venia para apelar”.

Para Ugás, es relevante además “reconocer y destacar con elocuencia, que pese al tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos que motivan la extradición de Rivas, y pese a todas las actuaciones dilatorias en que ha incurrido ella y su defensa, tantas dificultades que han debido enfrentar a lo largo de los años, las familias han estado siempre presentes, exigiendo verdad y justicia; exigiendo que esta extradición se concrete, siempre siendo respetuosas del debido proceso que debe tener Rivas".

Adicionalmente, el abogado destaca que “esta decisión se enmarca en el deber que tiene Chile, como Estado, y también Australia, en lo que a la obtención de la verdad, la realización de la justicia, la reparación de víctimas y las garantías de no repetición que debe cumplir todo Estado que forma parte de la comunidad internacional, ante la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Esas son las obligaciones de un Estado en el marco de procesos de justicia transicional, y fiscalizaremos su cumplimiento hasta el total y definitivo juzgamiento de quienes sean los responsables”.

En este sentido, Ugás indicó que “como representantes de familiares, seguiremos acompañándoles con el mismo ímpetu y rigor en este camino, exigiendo que esta extradición se concrete y a la brevedad, para que la requerida sea juzgada y condenada por los crímenes en que intervino”.

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El caso

Rivas González, fue requerida por el Estado chileno por los cargos que se le imputan como coautora de los delitos de secuestro calificado de los también dirigentes y militantes del PC Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz y Héctor Véliz.

A las siete víctimas las detuvieron agentes de la Brigada Lautaro, un grupo de exterminio de personas dependiente de la DINA, la primera policía secreta de la dictadura que operó en Chile entre los años 1974 y 1977, entidad que Rivas integraba.

Rivas estaba procesada por los delitos que se le imputan y que justamente motivan su extradición, con libertad provisional bajo fianza, firma mensual y la prohibición de salir del país, cuando se dio a la fuga, en el año 2011.

En primera instancia pasó por Argentina, para luego viajar a Australia, donde reside en la actualidad. El Ministro Miguel Vázquez Plaza, el año 2013, solicitó su extradición, y a comienzos de 2014, la Corte Suprema declaró procedente la extradición de Rivas, que fue luego formalizada por el Estado de Chile al australiano.

Posteriormente, en noviembre de 2021, la Corte Federal de ese país había confirmado que podía ser extraída, lo que motivó a la defensa de Rivas a presentar una solicitud de venia para apelar ante la Alta Corte de Australia, donde finalmente fue declarada abandonada por este último tribunal.