Un grupo de más de 18 mujeres fueron víctimas de una serie de episodios de violencia de género digital, entre los que se detallan los delitos de amenazas, extorsión y sabotaje informático, además de la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas.

Estos hechos ocurrieron entre marzo y septiembre del 2021, periodo en que el imputado José Miguel Zárate habría extorsionado a un grupo de mujeres, de entre 19 y 45 años, de distintas ciudades del país, a quienes contactó a través de un emprendimiento de venta de desayunos vía redes sociales. De esta manera, solicitó la información de cada una ellas en un formulario, desde donde extrajo sus datos con los que accedió a las cuentas personales de redes sociales y correo electrónico.

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El miércoles 20 de abril pasado, se presentó una nueva querella contra Zárate, quien se encuentra en prisión preventiva. A través de esta acción judicial, se solicitaron diversas diligencias para investigar los hechos, entre ellas que la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) complete la investigación respecto de la violencia sexual ejercida en contra de una víctima no considerada aún en el caso, así como tomar declaración a las víctimas que aún no han podido declarar ante el fiscal.

La abogada querellante Libertad Triviño relató que "el imputado tomaba contacto con las víctimas, accedía a sus redes sociales sin autorización, las capturaba, extraía las fotografías íntimas que encontraba, las divulgaba sin consentimiento a los contactos de las mujeres y luego las amenazaba, condicionando la devolución de las cuentas por la entrega de más fotografías de carácter íntimo".

La abogada agregó que "estos hechos son sumamente graves porque no se está sólo frente a más de treinta casos de vulneración de datos informáticos y al menos quince delitos de amenazas, sino que se tratan de hechos que presentan un disvalor adicional que es la violencia contra las mujeres".

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"Esta dimensión de la violencia hoy no está abarcada por el tipo penal y debe construirse mediante agravantes, especialmente aquellas que dicen relación con el género de las víctimas o su orientación sexual. Por cierto, que en este caso se encuentran plenamente acreditados los hechos imputados por lo que se espera que exista una sanción que se ajuste a la gravedad de lo descrito", concluyó la abogada Triviño.

Una de las mujeres denunciantes de este caso de violencia digital de género señaló que, además de vivir una vulneración por violencia digital de género, son las instituciones y fuerzas policiales, quienes tienen el deber y la responsabilidad de resguardar a la ciudadanía, en este caso no ocurrió desde el momento en que han sido víctimas del delito y además una vez realizada la denuncia por las instituciones del Estado.

Respecto a esto, la querellante expresó que “nadie nos ha protegido. Si no es por nuestra insistencia (...) tal vez no habríamos llegado a ninguna parte. A muchas se les destruyó la vida sin posibilidades de reparación como las que estamos recibiendo hoy día porque para nosotras la única posibilidad de reparación es esta, porque ni siquiera tenemos la opción de pensar que podemos realizar una demanda civil para tener una reparación económica. El Estado tampoco exige sanciones para este tipo de violencias".

Un fenómeno que va en aumento

Para la Fundación Datos Protegidos este caso es un hito sin precedentes en la judicialización de la violencia de género y de la violencia de género digital, que "adquiere más relevancia aún por el momento político por el que atraviesa el país".

La abogada Jessica Matus, directora de Datos Protegidos, afirmó que "es primordial que se consagre el derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus dimensiones, y resguardar los derechos digitales desde una perspectiva de género. Ello supone garantizar, a través de una legislación y un marco regulatorio institucional, la entrega de educación y acompañamiento a quienes son víctimas de estas situaciones".

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"La violencia digital es un fenómeno que va en aumento, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y, dado el rápido avance tecnológico, posibilita que se vayan creando nuevas formas de violencia, afectando sus derechos a la honra, libertad de expresión, a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Como consecuencia se producen daños y sufrimiento de carácter psicológico, físico, sexual y/o económicos", agregó la abogada.

Datos Protegidos ha realizado acciones legales en este proceso judicial y corresponden al resguardo y acompañamiento a las víctimas, quienes en sus relatos comparten lo que ha significado en términos de vulneración, violencia, desprotección y daño psicológico por los episodios de amenazas que las afectan en lo personal y a su entorno cercano.

Desde 2018, la Fundación Datos Protegidos ha realizado diversos estudios en los que se evidencian cifras alarmantes: 88,14% de mujeres cisgénero y transgénero declararon haber sufrido violencia de forma escrita en redes sociales, que comprende burlas, insultos, humillaciones. La segunda forma de violencia más frecuente fue el acoso y el hostigamiento, que afecta a 66,1% de las mujeres, mientras que la tercera forma de violencia más recurrente es el envío de imágenes o vídeos agresivos y de connotación  sexual sin el consentimiento de la persona que los recibe (40,68%).

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Además, 30,51% sufrió la exposición de información falsa sobre su vida personal, afectando su dignidad a través de injurias y calumnias. 22% sufrió amenazas explícitas y otro 18,64% sufrió la pérdida de sus cuentas en redes sociales o del correo a través de hackeos y la vulneración  de la vida privada. El informe “Violencia de género en Internet en Chile” fue elaborado por Datos Protegidos, ONG Amaranta y el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

"No es un fenómeno aislado la violencia digital de género y debido a los procesos de aceleración del mundo digital y tecnológico. Es importante y urgente, sancionarla y erradicarla a través del Poder Judicial y con políticas públicas que operen efectivamente en cada uno de los casos. Es un tema que debe tratarse como un derecho humano a la libertad, autonomía y respeto de la vida privada de cada mujer, adolescente y niña", declararon desde Datos Protegidos a través de un comunicado.