El abogado Luis Arévalo Cunich, defensor del exjefe de Finanzas del Ejército (R), Francisco Pizarro, sostuvo en una solicitud de prescripción que fondos reservados del Ejército fueron utilizados en hacer arreglos en la casa institucional.

El domicilio en ese entonces era utilizado por el ex Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, quien al igual que Pizarro está siendo investigado en la causa por malversación de caudales públicos en la institución castrense.

De acuerdo al escrito ingresado por el abogado Arévalo, entre febrero de 2006 y marzo de 2010, su representado se desempeñó como oficial de órdenes del exmandamás del Ejército, momento en que habría recibido "determinadas sumas de dinero".

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Luego, la solicitud prosigue detallando que dichos fondos provenían de la Dirección de Finanzas de la institución y se habrían usado en "necesidades públicas relacionadas fundamentalmente con la mantención de la casa institucional de la Comandancia en Jefe del Ejército y de diversos gastos protocolares que lleva consigo el ejercicio de tal cargo".

La defensa de Pizarro agrega que dichos gastos habrían "tenido el carácter de reservado", sin embargo, su representado "desconocía absolutamente el carácter y naturaleza de dichos fondos", según el documento judicial difundido por Biobío.

Solicitud de prescripción

Después de exponer el cómo se utilizaron estos recursos, el abogado expone que gracias a la investigación de la ministra Romy Rutherford se tuvo conocimiento de que los dineros habrían sido reservados, pero asegura que un eventual delito ya habría prescrito.

"El plazo de prescripción del delito de malversación de caudales públicos -atribuido a mi defendido- comenzó a regir el 1 de marzo del años 2010, cuando habría realizado el último acto consumativo de dicho delito al dejar de desempeñar el cargo de oficial de órdenes del general Izurieta para pasar a desempeñarse en otros cargos institucionales", presenta a continuación el escrito.

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Finalmente, la defensa de Pizarro asegura que el 16 de abril de 2020 se cumplieron los 10 años de plazo de prescripción del delito, por lo que su representado podría acceder al beneficio.