El miércoles pasado, el Ministerio Público informó el cierre de la investigación por presuntos delitos relacionados a la contratación de residencias sanitarias y solicitó el sobreseimiento de exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera implicadas.
Entre quienes figuran imputados se encuentran al expresidente Sebastián Piñera; los exministros de Salud, Jaime Mañalich y Enrique Paris; y el exsubsecretario de Redes Asistenciales y actual convencional constituyente, Arturo Zúñiga.
De acuerdo a la petición de sobreseimiento ingresada por el fiscal adjunto de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Claudio Rebeco Muñoz, después de un año de indagatorias no se lograron acreditar delitos relacionados con las autoridades, pese a informes de la Contraloría que los señalaron como presuntos responsables de irregularidades.
De acuerdo a auditorias de Contraloría, respecto a la contratación de los hoteles O’Higgins y Queen Royal B hubo "un enriquecimiento sin causa en favor del prestador de servicio y, por ende, un perjuicio al patrimonio público".
Los pagos por servicios que no se habrían prestado ascenderían a $53,7 millones, en el caso del primero, y $174 millones, en el segundo, según detalló Biobío.
La audiencia en que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar deberá determinar si acepta o rechaza la solicitud de sobreseimiento del ente persecutor quedó fijada para el próximo 19 de abril.
