En un recurso ingresado en el Séptimo Juzgado de Garantía, el fiscal Milibor Bugueño, persecutor a cargo del caso de Karina Oliva, solicitó acceder a la información de las cuentas bancarias de la ex candidata a gobernadora y senadora, lo que finalmente fue concedido por el juez Daniel Urrutia tras considerar los numerosos antecedentes entregados por el Ministerio Público, "entre ellos las propias declaraciones de la imputada".

Así lo establece La Tercera, donde se señala que el fiscal Bugueño realizó esta petición para “establecer si existieron movimientos bancarios en sus cuentas personales que pudieran relacionarse con los ingresos y gastos electorales en el marco de la campaña a gobernadora regional por la Región Metropolitana, tanto en primera como en segunda vuelta".

En su fallo, el juez Urrutia hace referencia al testimonio de Guillermo González, subdirector de Control de Gasto y Financiamiento Electoral del Servel. En este el funcionario de la entidad reguladora asegura que decidieron enviar antecedentes de la campaña de Karina Oliva a la fiscalía producto del reportaje de CIPER, que hablaba de pagos millonarios a colaboradores políticos, y también producto de las declaraciones que la en ese entonces candidata dio a raíz de la misma nota periodística.

Según el funcionario del Servel, Oliva reconoció públicamente que "se habrían efectuado gastos fuera del periodo de campaña y se había rendido en una boleta de honorarios gastos realizados por más de una persona".

Además está la declaración del contador auditor Miguel Ángel Baeza, quien revisó las rendiciones de la ex Comunes, a quien le hizo 32 observaciones, siendo la más grave que Oliva rindió un monto mayor en la segunda vuelta, cuando ese período de campaña dura solo un mes en comparación con los tres meses que tiene la primera vuelta.

"En primera vuelta, doña Karina Oliva tuvo alrededor de 1 millón de pesos de aportes privados y fue a consumir cerca de 300 millones, en la segunda vuelta fue lo mismo, tuvo aportes privados cercanos a los 970 mil o un millón de pesos y consumió cercano a los 300 millones nuevamente”, asegura el contable.

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Por su parte, otro de los contadores del Servel, Héctor Guzmán, también declaró y su testimonio fue tomado en cuenta para el alzamiento del secreto bancario de Oliva. "A mí me llamó la atención principalmente los montos que se pedían por los servicios, pues discrepaba mucho de los otros candidatos, los mismos servicios por otros candidatos eran mucho menor a lo que se estaba rindiendo", relató en su momento.

Finalmente, en declaraciones de otro abogado de la misma entidad, especificó que no se trataba de viajes ni nada por el estilo, "en este caso eran gastos por asesoría de campaña, entonces eran montos excesivamente altos, por lo que comentaban los auditores senior que son los que han participado en muchas revisiones anteriores. Eso hizo que se formularan tan cantidad de observaciones. En específico, dentro del oficio de observaciones, se realizó una observación por un gasto del proveedor 'Sport Management' por un monto de $ 50 millones cuya glosa era ‘desayuno feminista y cierre de campaña’”.

De esta manera, la medida acogida por el juez del Séptimo Juzgado permitirá avanzar en la investigación por presunto fraude de subvenciones, ya que los tres bancos de los que es cliente Oliva deberán entregar sus movimientos financieros entre el 1 de enero de 2021 y el 27 de enero de 2022.