7 Desafíos ambientales para el próximo gobierno
El sábado 18 de diciembre, Fundación Terram publicó su Balance Ambiental 2021, en el que presenta 7 desafíos ambientales para el gobierno que enabezará Gabriel Boric, entre los que destaca la firma del Acuerdo de Escazú, la elaboración de una nueva Ley de Riego e impulsar el royalty a la minería.
Desafío N°1: Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú
El informe de Global Witness reportó en 2020 el asesinato de 227 activistas ambientales en el mundo y una vez más señaló que, Latinoamérica y el Caribe la región más peligrosa del mundo, pues concentra 3 de cada 4 ataques registrados.
A pesar de lo anterior, el Gobierno de Sebastián Piñera decidió no firmar el Acuerdo de Escazú, el cual es fundamental para garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, junto con reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, “resulta imperativo que quien asuma la presidencia del país firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, ya que nuestro país no tiene regulaciones y mecanismos para la protección de las personas y comunidades que se movilizan por la defensa ambiental de sus territorios”.
Desafío N°2: Elaborar una nueva Ley de Riego
En materia hídrica y de seguridad alimentaria, la vigencia de la ley que subsidia obras privadas de riego expiró el pasado 4 de diciembre y el actual Gobierno, para darle continuidad, la prorrogó tan solo por un año a través de un artículo en el proyecto de Ley de reajuste del sector público.
Esta es una medida desesperada luego de que en marzo ingresara al parlamento un proyecto de ley para establecer una prórroga por 12 años (3 gobiernos) en pleno proceso constituyente. Sin embargo, no logró los acuerdos con la oposición para su aprobación en el Senado, antes que expirara la vigencia de la Ley N° 18.450.
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Según Fernanda Miranda, geógrafa de Fundación Terram, “el próximo gobierno tendrá el desafío de elaborar una nueva Ley de Riego para el país, que efectivamente beneficie a pequeños y medianos productores agrícolas, y además, que a diferencia de la presentada por el actual gobierno, contenga una perspectiva ecológica, acorde al contexto de escasez hídrica, sequía y cambio climático”.
Desafío N°3: Impulsar un Royalty a la Minería
El aumento del precio del cobre durante 2021 revivió un antiguo debate nacional sobre los escasos aportes al fisco que entrega la gran minería, lo cual contribuyó a activar una discusión parlamentaria que busca establecer en favor del Estado una verdadera compensación por la explotación de los recursos minerales.
A pesar de la reserva de constitucionalidad a la que se acogió el gobierno y los parlamentarios de derecha, la iniciativa retomó su tramitación y en el mes de mayo la Sala de la Cámara aprobó dicha moción con modificaciones sustantivas en su articulado, fijando una regalía del 3% ad valorem de las ventas de minerales que se extiende a todas las sustancias concesibles metálicas y no metálicas como el cobre, oro, plata, molibdeno, entre otras.
Actualmente esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, en donde se abrió un plazo de indicaciones para comenzar su discusión en particular.
Para Telye Yurisch, economista de Fundación Terram, de aprobarse la iniciativa, es importante que “bajo ninguna circunstancia se destine parte de los fondos públicos recaudados a la reparación del daño ambiental que ha generado y genera el sector extractivo, ya que estos son de absoluta responsabilidad de las empresas”.
Desafío N°4: Exigir evaluación ambiental a proyectos anteriores a la vigencia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Como una medida necesaria desde la perspectiva de la justicia ambiental y estándares internacionales de derechos humanos, resulta necesario avanzar en la tramitación legislativa del proyecto de ley que exige Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a proyectos o actividades anteriores a la vigencia del SEIA (Boletín N° 13.652-12), con la finalidad de regularizar su situación jurídica e iniciar un camino hacia la reparación de zonas afectadas por industrias contaminantes de larga data.
Según Christian Paredes, abogado de Fundación Terram, "previo a 1997, solo en la Bahía de Quintero 10 proyectos iniciaron operaciones, por lo cual es necesario que este tipo de proyectos sean evaluados ambientalmente para avanzar en justicia ambiental".
“Proponemos crear un cronograma que exija y priorice el ingreso al SEIA de aquellos proyectos ubicados en zonas en sacrificio y en zonas que hayan sido declaradas como latentes o saturadas por contaminantes o que cuenten con Plan de Prevención y/o Descontaminación”, agrega Paredes.
Desafío N°5: Aprobar la nulidad de la Ley Longueira
En materia de pesca, el próximo gobierno debe definir si apoyará la iniciativa parlamentaria que declara la nulidad de la Ley N° 20.657 (Boletín N° 10527-07), o si se mantendrá al margen, como lo hizo la actual administración.
De avanzar en su nulidad, deberá establecer cómo se rescatarán elementos esenciales como los principios y objetivos de la Ley de Pesca y Acuicultura, que han sido un avance significativo en materia de protección ambiental.
Desafío N°6: Impulsar una Ley de Costas
Chile es uno de los países que posee más áreas costeras en el mundo, con casi 4.000 kilómetros de costa lineal, los cuales aumentan a 83 mil si se consideran las riberas de fiordos, canales e islas que contiene su territorio. Para regular los intereses que se desarrollan en estas zonas, en la actualidad nuestro país cuenta con una Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC) que data de 1994, la cual ha normando limitadamente los usos costeros.
Para Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram “es muy importante que el futuro gobierno promueva una Ley Marco sobre Protección y Gestión Costera que propenda hacia una gestión integrada y coordinada de la zona costera, asumiendo la importancia de la costa como una zona de transicion entre el mar y la tierra donde se desarrollan procesos biológicos relevantes. Esta ley debe estar basada en un enfoque ecosistémico, de cambio climático y de reducción del riesgo de desastres”.
Desafío N°7: Aumentar el valor del Impuesto Verde
Durante 2020, el impuesto a las emisiones fijas sufrió modificaciones, aumentándose la cantidad de industrias afectas e incorporándose la posibilidad de que las empresas puedan compensar sus emisiones para evitar el pago de este gravamen.
No obstante, cabe recordar que este impuesto ha sido ampliamente criticado por su bajo valor, por lo cual, según Gary González, economista de Fundación Terram, “es urgente aumentar el impuesto al carbono para la gran industria desde los actuales 5 dólares por tonelada de dióxido de carbono (CO2), siguiendo las recomendaciones de la OCDE, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, para situarlo entre 40 y 80 dólares por tonelada”. La descarbonización de la matriz eléctrica no debe dependen solamente de la voluntad de las empresas para pagar centrales a carbón, el gobierno tiene que jugar un rol activo en esto.
Revisa acá el documento completo de Fundación Terram.
