Desde la Asociación Nacional de Fiscales se manifestaron, mediante un comunicado, por el mediático allanamiento a la sede del Partido Comunes, efectuado en el marco de la investigación contra Karina Oliva por fraude de subvenciones.

El procedimiento policial ha sido cuestionado por la forma en la que los efectivos de Carabineros hicieron ingreso al inmueble, con armamento y derribando la puerta a golpes, pese a que la directiva de Comunes ha expresado su disposición a participar del proceso investigativo.

En ese sentido, los fiscales del Ministerio Público explicaron, primero, que el procedimiento se trató de una “diligencia autorizada judicialmente para encontrar y preservar medios de prueba en una investigación en curso de alta relevancia para el país”.

Sobre la instrucción a Carabineros para que ejecutara la orden judicial previamente aprobada, señalaron que impresionan “las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas”.

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“Desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho”, agregaron los fiscales.

Asimismo, sentenciaron que “como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido, y además, hacemos presente que la Asociación Nacional de Fiscales en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías”.

Lo anterior, “con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos, y de esta forma contribuir a sentar las bases de la nueva convivencia social que entre todos estamos construyendo”.