La candidata en las últimas presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, aparece nuevamente mencionada en un nuevo caso de corrupción, en esta oportunidad en la denominada trama de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', en la que la líder de Fuerza Popular (FP) habría protegido judicial y administrativamente a la empresa pesquera Hayduk y a su responsable, Mildo Martínez, a cambio de financiación para sus campañas.

La acusación procede de un colaborador eficaz de la Fiscalía, que cifró en hasta 20 millones de dólares las donaciones de esta compañía a las campañas presidenciales de FP desde 2006 hasta la última de 2021, en la que Fujimori volvió a perder, en esta ocasión por el ahora presidente, Pedro Castillo.

Este testigo protegido habría entregado información sobre el nombramiento irregular de cuatro jueces en el Tribunal Supremo, el intento de cambiar al consejero de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Baltazar Morales Parraguez; entregas de dinero al expresidente del CNM Guido Aguila, así como el apoyo que congresistas de FP habrían brindado a Martínez, detalla el diario La República.

De acuerdo a su versión, Peña habría cedido la caballeriza que dispone en un hipódromo para que Aguila pudiera reunirse en secreto para tratar la elección de hasta cuatro jueces del Supremo en 2017. Fue en esos encuentros donde habría tenido conocimiento de la implicación de FP y Fujimori en esos nombramientos.

Fujimori habría intercedido para evitar condena por narcotráfico

En una de esas primeras reuniones, entre ocho y 10 candidatos al Supremo recibieron las preguntas del examen de acceso, además de recibir asesoramiento para mejorar sus currículum de cara a la primera prueba de selección. Entre quienes se beneficiaron estaría el juez Martín Hurtado Reyes, designado por Keiko Fujimori.

De quienes pasaron por aquellas instalaciones del hipódromo, Hurtado Reyes y Carlos Arias Lazarte fueron nombrados jueces titulares del Supremo. No obstante, solo el segundo continúa en la magistratura, dentro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

A cambio de este apoyo económico a sus campañas, Fujimori habría intercedido a fines de los años 90 para evitar que a las hermanas de Martínez las condenaran a prisión por un delito de narcotráfico, que involucraba a la pesquera, a la que tampoco intervinieron judicialmente gracias a la absolución dada en 2005 por el juez del Supremo César Hinostroza, cercano a FP y actualmente prófugo de la justicia.

Se cree que el colaborador sería el empresario Óscar Peña, ahora en paradero desconocido, quien habría aceptado colaborar con la Fiscalía a cambio de mejor su situación legal con respecto a este caso. Conocido como el 'rey de la pesca negra' en Perú, permanentemente asegura ser víctima de un complot por denunciar "las injusticias" en el sector pesquero.

Perseguido por la Justicia peruana, que reclama penas de hasta siete años por sus negocios ilícitos con la administración pública, Peña habría ofrecido su colaboración en esta trama al fiscal general, Jesús Fernández Alarcón, cuando este despacho y el del equipo especial Lava Jato, operación por la que Fujimori está también está bajo investigación, no pasa por su mejor momento.

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Las presiones de la jueza

Según el testigo, en 2017 la jueza Mirtha Céspedes habría presionado a Peña para que no entrara en legal con Mildo Martínez por un permiso de pesca con la empresa de este, Hayduk, puesto que no solo perdería el juicio, sino que además lo haría contra "una persona con mucho poder" que "lo iba a destruir".

Desde entonces, Peña cuenta que comenzó a recibir el apelativo de 'rey de la pesca negra' para desacreditarle. Poco después las presiones continuarían, en esta ocasión de parte de la parlamentaria de FP Úrsula Letona, quien le instó a vender a Martínez sus permisos de explotación pesquera.

"La relación con el señor Mildo Martínez con estas dos personas que han actuado como sus emisarias tiene que ver con el financiamiento que da a Fuerza Popular desde la campaña del 2006", asegura quien aspira a colaborador de la Fiscalía.