Tres senadores de la Comisión de Infancia acordaron el envío de oficios tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio Público con el fin de ahondar respuestas sobre los alcances del “Informe Verdad, Justicia y Reparación: Estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social”.

Según destacaron los parlamentarios Juan Ignacio Latorre (RD), Loreto Carvajal (PPD) y Alejandro Navarro (Ind), presidente e integrantes de la Comisión, respectivamente, el documento reveló un catastro de más de un millar de niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos así como “un casi nulo avance en justicia, pues sólo el 1% de las causas tiene formalizaciones”.

En específico, los mencionados oficios apuntan a “conocer detalles sobre la implementación de un plan de contacto y atención a las más de víctimas que les permita acceder a la información de las causas que involucran a menores. Además, del establecimiento de canales de información efectiva con las víctimas niños, niñas y adolescentes, que deben contemplar la perspectiva y necesidades de aquellos”.

Asimismo, solicitan un informe sobre la “disposición de los recursos humanos y físicos para enfrentar las complejidades advertidas en la investigación y tramitación judicial de las causas iniciadas por denuncias de las violaciones a los derechos humanos”.

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Durante la presentación del documento, la Defensoría de la Niñez hizo presente que “hay un catastro de 1.314 niños, niñas y adolescentes que fueron gravemente vulnerados en sus derechos humanos en el contexto del estallido social” y, según detalló, el senador Latorre, “hay una serie de recomendaciones que se han hecho desde la Defensoría de la Niñez y que el gobierno actual no se ha hecho cargo”.

El parlamentario agregó que “tenemos una deuda pendiente y, si no nos hacemos cargo de la reparación integral, particularmente a niños, niñas y adolescentes, en algunos años más van a ser jóvenes que van a salir a protestar a la calle. Entonces, cuando después hablamos de violencia, cuando hablamos de porqué hay tanta rabia y malestar en grupos y colectivos excluidos de la sociedad, vulnerables o que han sido vulnerados en sus derechos humanos, eso después nos rebota y nos revienta en la cara como sociedad”.

En ese sentido, agregó que “se requiere voluntad política, eso es poner recursos, eso es que el gobierno presente un proyecto de ley, por último que lo deje presentado, un proyecto de reparación integral, pero con presupuesto. Hoy día, Chile está más cerca de la impunidad que de la verdad, la justicia y la reparación. Y eso favorece la repetición de las violaciones de los derechos humanos”.