El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, suma otra dificultad en su gestión al mando de esa comuna del sector norte de Santiago.

Durante el reciente fin de semana se supo sobre una presunta irregularidad que encontró la Contraloría con dineros concernientes a la Corporación Cultural de Recoleta y que no están respaldados con las respectivas boletas.

En los últimos días, se sumo otro problema para el alcalde Jadue, ya que el Tribunal Constitucional se pronunció tras el recurso que presentó la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista.

La entidad mantiene un litigio con la Municipalidad de Recoleta que se inició en Tribunales en 2017 y que se generó por la edificación del Conjunto Armónico Bellavista, ubicado en Dardignac n°44.

La inmobiliaria ha presentado dos querellas, las cuales no han seguido los cursos normales de investigación, por lo que acudieron al Tribunal Constitucional, órgano que se pronunció al respecto.

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Por mayoría absoluta, el órgano jurisdiccional le dio la razón a la inmobiliaria y resolvió que el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, sí puede ser acusado penalmente por los delitos de “prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias”.

“En vista a las consideraciones formuladas previamente, este Tribunal considera que la posibilidad que contempla el Código Procesal Penal de que el querellante pueda forzar la acusación es realmente una exigencia constitucional que se desprende de la facultad conferida al ofendido para ejercer igualmente la acción penal”, dice la resolución.

El TC argumentó que “el Ministerio Público no sólo no ha formalizado, como lo exige el artículo 248 (uno de los efectos de la comunicación es dejar sin efecto la formalización) sino que ha hecho un ejercicio irracional de la facultad de no perseverar, ha solicitado audiencia para comunicarlo, y no ha investigado de conformidad a un justo y racional procedimiento”.

Origen del conflicto

La empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista ingresó el año 2017 dos querellas por los delitos de “negociación incompatible y, subsidiariamente, de negociación incompatible mediante tráfico de influencia” y el de “prevaricación administrativa y otros que aparezcan en la investigación”. Ambas fueron declaradas “admisibles”.

Las acciones se tramitaron en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago y hasta ahora, según la defensa, no se investigó y el Ministerio Público no realizó ninguna formalización.

Con esto, el alcalde Jadue podrá ser formalizado e investigado por las causas y litigios que mantiene el municipio con la inmobiliaria.