La Fiscalía Nacional estrechó aún más el cerco contra Sebastián Piñera, al confirmar oficialmente que posee la calidad de imputado, en el marco de la investigación en su contra por posibles delitos financieros, cohecho y sobornos en la venta de minera Dominga.

Así lo dejó en claro Marta Herrera, directora de Anticorrupción y quien lleva a cabo las diligencias que se iniciaron tras estallar el escándalo de ‘Pandora Papers’ revelado por un consorcio de periodismo internacional.

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“Tiene todos los derechos que corresponden a los imputados en el nuevo sistema (lo que incluye) un catálogo en el código procesal penal de derechos que él puede utilizar, por cierto, el designar un abogado, el prestar declaración como medio de defensa, incluso el de solicitar sobreseimiento en cualquier etapa del procedimiento”, comenzó la fiscal en T13.

A su vez, Herrera aseguró que la investigación tendrá muchas diligencias, indagatorias, declaraciones y peritajes, los cuales “deben ser cubiertos con premura y tratando que se logre prontamente un esclarecimiento de los hechos”.

“Lo hemos conversado con la fiscal regional designada, la fiscal Claudia Perivancich, y por lo tanto vamos a actuar de esa forma, con premura y tratando de que se logre prontamente un esclarecimiento de los hechos y nosotros con nuestro deber no más cumplimos”, cerró la fiscal.

El foco de la indagatoria contra Piñera

Cabe recordar que el viernes de la semana pasada, y tras una intensa semana de análisis de los respectivos antecedentes, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, firmó la resolución con la que formaliza la apertura de una investigación penal de oficio que involucra a Piñera.

En cuanto a los argumentos que empujaron la apertura de esta causa por el eventual delito de cohecho, se apunta a un hecho que se circunscribe al año 2017, cuando el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra indagó al Presidente en el contexto del caso Exalmar, obviando el contrato publicado por Ciper y LaBot en el contexto de los 'Pandora Papers’.

Ahora la indagatoria se focalizará en la “tercera cláusula” del documento firmado en el paraíso fiscal, que no estaba en el expediente tramitado hace cuatro años en el Ministerio Público.

De hecho, esta establecía que el último pago que involucró el negocio entre las familias Piñera y Délano estaba condicionado a que la zona donde todavía se busca emplazar la mina no se declarara área de exclusión.