Investigar al Presidente Sebastián Piñera fue la exigencia que hicieron este martes las asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) tras la publicación de los Pandora Papers, una serie de documentos entre los cuales se revela una vez más cómo el mandatario hizo una millonaria transacción en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

En el reportaje emitido por Ciper y LaBot, en colaboración con el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), se detalla cómo una sociedad de la familia de Piñera firmó una clausula en la venta de la minera Dominga a Carlos Alberto Délano en que se establece un abultado pago en caso de que las autoridades prohibieran la instalación del proyecto por motivos ambientales, decisión que en gran medida está determinada por el Gobierno.

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Ante esta situación, los funcionarios de la  Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) y la Asociación Fiscalizadores de Servicios Impuestos Internos (Afiich) afirmaron: "Los graves hechos relatados por Ciper y LaBot ameritan que el Director del SII instruya inmediatamente una investigación a las familias y empresas involucradas, dando a conocer su resultado a la ciudadanía".

"No seremos cómplices de situaciones que jueguen a favor de contribuyentes que buscan evadir sus obligaciones ni de actores políticos que buscan debilitar la institucionalidad tributaria, sea quien sea, por lo que llevaremos a cabo todas las acciones que resulten necesarias para resguardar los intereses del Fisco y de la ciudadanía, en particular de los que más necesitan", agregaron.

Reforma al sistema tributario

Por otro lado, los trabajadores del SII hicieron una dura crítica al sistema tributario chileno y afirmaron que la reforma tributaria promovida por Piñera colaboró en que Chile se acerque a ser un paraíso fiscal y "constituyó un gran retroceso en recaudación".

Las asociaciones de funcionarios expusieron algunas políticas que consideran necesarias para mejorar los estándares de tributación: "Necesidad de terminar de una vez por todas con el secreto bancario para efectos tributarios, la urgente integración de los sistemas de información de la administración del Estado, la aplicación directa de normas antielusión bajo estándares OCDE (sin la
autorización previa de tribunales)".

"La asignación de nuevos marcos de autonomía para las instituciones tributarias, el desarrollo de estrategias de fiscalización colaborativa entre Aduanas, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Banco Central y SII, entre otros, fortalecer la persecución penal de delitos económicos y tributarios, así como la entrega de recursos necesarios para combatir de manera frontal la evasión y elusión de impuestos", puntualizaron.