Desde que en el año 1944 la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) declaró la Seguridad Social como un derecho humano, esta es comprendida como la protección que una sociedad proporciona a las personas para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar un ingreso económico ante las diversas etapas y contingencias que se enfrentan a lo largo de la vida: vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, maternidad, pérdida del sostén de la familia y accidentes de trabajo.

¿Qué pasa en Chile con este derecho humano? 

Durante los próximos meses la Convención Constitucional tendrá la posibilidad de revisar, evaluar y proponer los principios y lineamientos generales que configuren un verdadero sistema de Seguridad Social. Esto, considerando que aspectos fundamentales que deberían estar protegidos por este, como el derecho a una pensión digna, son administrados bajo un modelo que responde a principios ajenos a la Seguridad Social, encontrándose hoy en estado de crisis y bajísima legitimidad ciudadana, como ocurre con las AFP´s.

Sin embargo, también existen elementos de continuidad en el sistema que lograron sobrevivir a las reformas neoliberales de la dictadura, como el modelo de Mutualidades en el ámbito de la Seguridad Laboral, el que mantiene sus principales componentes desde que se estableció el seguro obligatorio para accidentes y enfermedades del trabajo en el año 1968.

Mutualidades como guías para la Seguridad Social

Actualmente el derecho a la Seguridad Social se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Constitución, el que establece que el Estado debe “garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas". 

Bajo esa directriz se inscriben el sistema de pensiones, el sistema de salud, el seguro de cesantía, las cajas de compensación y el sistema de Mutualidades. Estos últimos, son los únicos surgido previo al quiebre democrático, sin embargo, el sistema de mutualidades no ha sido alterado y ha mantenido su trayectoria en base a los principios que internacionalmente son reconocidos como guías para los sistemas de protección social, los que resultan claves para las discusiones en curso sobre Seguridad Social.

En primer término, porque las Mutualidades son instituciones sin fines de lucro, por lo que deben reinvertir todas las ganancias en la realización de su objetivo: brindar Seguridad Laboral otorgando prestaciones médicas y de rehabilitación a trabajadores que hayan sufrido accidentes o enfermedades laborales, para lo que se utilizan las cotizaciones obligatorias que paga el respectivo empleador. 

Hoy son tres instituciones privadas las que administran este seguro, -Mutual de Seguridad CChC, Asociación Chilena de Seguridad e Instituto de Seguridad del Trabajo-, y una institución pública, el Instituto de Seguridad Laboral.

Las Mutualidades además se distinguen de las otras entidades del actual sistema por ser universales y solidarias, es decir, la cobertura que entregan es igual para todos las y los trabajadores afiliados, independiente de su sueldo, nivel de estudio o lugar de residencia y tampoco depende del tamaño de la empresa o de lo que pague su empleador; todos reciben las mismas prestaciones.

En base a esos principios, las mutualidades se hacen cargo de la cobertura y pago del 100% de las prestaciones de salud (sin copagos) hasta la recuperación completa de los trabajadores. Asimismo, se diferencian porque son instituciones con directorios bipartitos, lo que significa que estos cuentan con representantes de los trabajadores y de sus empresas, bajo una estructura de gobernanza participativa.

Como hemos visto, la historia de la Seguridad Social en Chile ha sido de avances y retrocesos, presentando también elementos que se han mantenido a lo largo del tiempo y que se basan en los principios que internacionalmente son recomendados para organizarla: universalidad, solidaridad y sin lucro. Sin duda, estos constituyen un punto de partida relevante a tener en cuenta para el nuevo sistema de protección social que necesita y reclama nuestro país.