Este martes, la diputada Catalina Pérez (RD) solicitó al gobierno establecer la suma urgencia al proyecto de ley que elimina la exclusividad del director del Servicio de Impuestos Interno (SII) para presentar querellas por delitos tributarios.

Su exigencia se da después de que ayer se hiciera pública la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación de 34 imputados por el bullado caso de financiamiento ilegal de la política, conocido como Caso SQM, en referencia a la compañía minera no metálica propiedad de Julio Ponce Lerou, la cual habría traspasado dineros a políticos de varios sectores utilizando boletas ideológicamente falsas.

Uno de los principales delitos imputados, en base al mecanismo que existía para hacer los traspasos de dinero, son delitos tributarios, sin embargo el SII no presentó ninguna querella contra estas 34 personas y la Fiscalía decidió no continuar con las indagatorias.

Entre quienes se encontraban investigados estaban el ex ministro y actual candidato a senador, Rodrigo Peñailillo; los hijos del vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, Benjamín y Jorge Pizarro; y la hermana del ex senador Fulvio Rossi, Irina Rossi; entre otros.

Al respecto, Pérez, autora de la iniciativa, afirmó que “todas las personas que cometen delitos deben enfrentar la justicia, sin importar su apellido, dinero o contactos. Creemos que esta responsabilidad debe recaer en el Ministerio Público y le pedimos al Ejecutivo poner suma urgencia a nuestro proyecto para que no siga durmiendo en el Congreso”.

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“Ya pasó con Longueira y ahora la historia se repite con Rodrigo Peñailillo, quien ya anunció que será candidato a senador por el Biobío. No queremos más corrupción y para eso necesitamos terminar con la impunidad en Chile”, agregó aludiendo al Caso SQM.

La propuesta busca que el Ministerio Público pueda investigar y perseguir sin intervención del servicio, modificando el Código Tributario (boletín 10843-07) y eliminando la instancia previa del SII en materia de delitos tributarios, entregando capacidades al Ministerio Público para iniciar acciones legales.