Este lunes, el Consejo Para La Transparencia (CPLT) ordenó al Ejército de Chile a revelar los nombres de quienes autorizaron el polémico comunicado que publicó la institución castrense por la vandalización del monumento a Manuel Baquedano, en Plaza Italia, rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad.

Cabe recordar que en marzo pasado, el Ejército se pronunció sobre un ataque a la emblemática estatua situada en el epicentro de las manifestaciones que surgieron desde el 18 de octubre de 2019, tratando de “antichilenos” a sus autores.

A través de un comunicado compartido el pasado sábado 6 de marzo, la entidad expresó que “el día de ayer (5 de marzo) los chilenos hemos sido testigos, una vez más, de otro deleznable atentado, esta vez incendiario, al monumento ecuestre que el Estado y Pueblo de Chile erigieron en homenaje al victorioso General Manuel Baquedano por su liderazgo en la Guerra del Pacífico”.

“Los cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante y repudiable para todos nuestros compatriotas son antichilenos, porque desconocen la historia y en su ignorancia, son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el General Baquedano junto a miles de soldados chilenos le entregaron al país”, indicó el Ejército.

Esta declaración provocó que Cristián Cruz, abogado que ha sido querellante en causas emblemáticas de delitos de lesa humanidad y de violencia institucional, acudiera al CPLT para que la institución castrense revelara quiénes estuvieron detrás de la carta.

[Te puede interesar]: Historiadora Claudia Zapata y polémica por traslado de Baquedano: “Los monumentos no tienen que durar para siempre”

El Consejo ofició al Ejército, desde donde respondieron que “analizada la solicitud se puede determinar, en relación a los tres primeros y último numeral (referente a quienes participaron en la elaboración del mensaje), que el ejercicio del derecho de acceso a la información, conforme lo establece el inciso 2º del artículo 10 del citado cuerpo legal, permite acceder a antecedentes contenidos en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos u acuerdos, que se encuentren en algún formato o soporte, pero no así el hacer investigaciones o emitir informes; citando al efecto la decisión rol C22-14. No obstante, informan que el comunicado oficial de fecha 6 de marzo de 2021 lo difundió el Departamento Comunicacional del Ejército”.

Ante esta escueta réplica, el Consejo Para La Transparencia insistió en su solicitud. “Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de los nombres de las autoridades que ordenaron y autorizaron el comunicado oficial emitido por dicho organismo, el pasado 6 de marzo de 2021, relativo al atentado incendiario al monumento del General Manuel Baquedano González”, determinó.

Lo anterior, “al desestimarse la alegación de inexistencia argumentada por la recurrida, al no haber sido justificada suficientemente. A su vez, se estima que atendida la condición que poseen los funcionarios públicos, su esfera de privacidad está sujeta a un escrutinio de mayor intensidad que el resto de las personas”.

Esto, “en virtud, precisamente, de las funciones que aquellos ejercen, quedando además dicha esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República; en consecuencia, se acogerá el amparo respecto a estos numerales”.