Este lunes, el Juzgado de Garantía de Iquique resolvió rechazar la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del ex diputado y actual convencional constituyente, Hugo Gutiérrez (PC). El ex parlamentario está imputado por los delitos de amenazas y omisión de cooperación pública, a raíz de lo sucedido en agosto de 2020 cuando fue objeto de un control sanitario por funcionarios Armada en el sector de Playa Cavancha, en Iquique.

La audiencia se llevó a cabo después de que la defensa de Gutiérrez recusara a dos jueces, tras lo cual, con el reemplazo de una tercera magistrada, se dio inicio. “La defensa, sin cuestionar ni los hechos ni la participación del imputado, solicitó el sobreseimiento definitivo de la presente causa. Sin embargo, acogiendo los argumentos del Ministerio Público, la jueza rechazó la solicitud, de manera que la causa quedó plenamente vigente”, detalló el fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Ríos. Según informó Emol.

El ex diputado mantiene un fuero por haber sido elegido en la Convención Constitucional, por lo que el Ministerio Público está obligado a recurrir a la Corte de Apelaciones de Iquique para solicitar su desafuero y someter a Gutiérrez a proceso.

En efecto, la jueza descartó acoger el sobreseimiento, aunque reconoció la existencia del fuero del que goza el convencional del Partido Comunista, por lo que determinó que no seguirá conociendo de la causa hasta que se haya realizado dicho trámite.

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“El tribunal no va a acoger la solicitud de sobreseimiento definitivo, porque se entiende que no existe un hecho sobreviniente que extinga la responsabilidad penal, pero sí existe un requisito de procesabilidad previo que constituye el desafuero, por lo tanto no se va a declarar el sobreseimiento definitivo, pero en este caso, el tribunal de Garantía de Iquique, no podrá seguir conociendo la causa, mientras no se cumpla ese requisito ante el tribunal de alzada, que es la Corte de Apelaciones de esta ciudad”, señaló la magistrada.

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Al respecto, el fiscal Ríos sostuvo que “esperamos que los tribunales superiores acojan este desafuero para que el imputado pueda enfrentar el juicio simplificado que está pendiente por los delitos de amenazas a funcionarios de la Armada y omisión de cooperación pública, por el cual estamos pidiendo que sea condenado a dos penas de 540 días”.