Distintas oficinas de las Naciones Unidas expresaron este martes su preocupación frente al nuevo proceso de expulsión de 56 personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, llevado a cabo el 6 de junio 2021.
Esto, de acuerdo a un documento firmado por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile.
Las agencias señalaron que “al llevarse a cabo el proceso de expulsión durante el fin de semana, se limita el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por la medida, considerando que varias de ellas fueron expulsadas, a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución en los tribunales correspondientes. Asimismo, en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares”.
“Reconociendo y respetando la soberanía del gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso al territorio, las agencias señalan al mismo tiempo la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados”, agregaron.
Al respecto, recalcaron que “en el contexto de pandemia por COVID-19, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes”.
En ese sentido, las agencias resaltaron “que todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad”.
Además, aseguraron que “resulta esencial que el Estado cuente con procedimientos que garanticen la evaluación y determinación del interés superior del niño, niña o adolescente en las expulsiones de padres, madres y/o cuidadores, considerándose preservación de la unidad familiar como un estándar de la mayor relevancia para tales efectos”.
Asimismo, consideran “que los procesos de expulsión donde se mezclan tanto personas con órdenes de expulsión administrativas como judiciales, requieren un protocolo de gestión diferenciado”.
“A su vez, la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia y discriminación en las comunidades de acogida al asociar a las personas expulsadas por faltas administrativas con la comisión de delitos”, agregaron, concluyendo que “las agencias firmantes reiteran su máxima disposición para colaborar con las autoridades en este asunto”.
