Normalización del Estado de Excepción y riesgo de “gatopardismo” en la Convención Constitucional
La intención del gobernante de acometer una nueva ofensiva de control social por medio del Congreso, esta vez sometiendo a votación el cuarto Estado de Excepción Constitucional, aduciendo medidas que permitan controlar la propagación del virus Covid-19, resulta extremadamente peligroso para el devenir del proceso democrático más importante que haya tenido nuestro país en su historia.
Las palabras del ministro Allamand en la Asamblea General de la ONU esta semana, anunciando que nuestro país ha alcanzado la “normalidad” tras el estallido social y la crisis sanitaria y económica del Covid-19, es tan audaz como imprecisa, ya que no se puede hablar de normalidad cuando el país lleva un año encerrado. Resulta evidente que el contexto de la pandemia despejó la amenaza en que vivió el Ejecutivo tras la revuelta social y puso al país completo abocado a la dura tarea de enfrentar al virus de la mejor manera posible. Nadie en su sano juicio hubiese cuestionado las medidas excepcionales adoptadas desde La Moneda para reducir la movilidad de las personas en marzo del año pasado, sabiendo que el contacto social era el principal vector de la enfermedad. Sin embargo, a un año del arribo del coronavirus a suelo chileno, con cuestionables medidas de control en el intertanto, y con el exitoso proceso de vacunación en marcha, parece poco creíble la necesidad de extender el Estado de Excepción Constitucional por razones sanitarias, sabiendo además de la urgente necesidad por recuperar los puestos de trabajo y las clases presenciales.
Las restricciones de desplazamiento por el territorio nacional y el toque de queda parecen estar más destinados a contener un nuevo estallido social si es que las expectativas de participación ciudadana en el proceso constituyente no se cumplen. Se hace más que necesario que exista debate y deliberación de la ciudadanía respecto de cada uno de los pasos que da la Convención Constitucional para no repetir los errores del pasado en que la clase política se encapsulaba para negociar leyes.
Esta vez debe ser distinto, Chile se lo merece. Millones de personas que viven en paupérrimas condiciones y que, por lo mismo, ya no creen en la política se lo merecen más que nadie. La única forma de validar el proceso por completo es que se dé de cara a la ciudadanía, participando en cabildos, en juntas de vecinos y en espacios abiertos. La ciudadanía debe hacerse escuchar y una nueva declaración de Estado de Excepción apunta precisamente en sentido contrario.
Lo peor que nos puede pasar es que al final del año de funcionamiento de la Convención surja un texto que en palabras sea distinto al nacido en dictadura, pero que en el fondo sea exactamente lo mismo. De “gatopardismos” ya conocemos bastante y Chile no lo va a tolerar una vez más. Pueden venir cosas peores en el futuro si no se toma en serio el deseo de la ciudadanía por participar en la redacción de la nueva Carta Fundamental.
