Por una nueva policía para Chile

La nueva Constitución impone pensar lo que nos constituye y las reglas con las que queremos nuestra comunidad funcione. Esto último es importante a propósito de lo ocurrido en Panguipulli y el uso arbitrario de la fuerza ejercida por Carabineros de Chile que terminó con el asesinato de Francisco Martínez. La policía cumple una labor fundamental en tanto está a cargo de que efectivamente se cumplan las reglas que nos hemos dado y en ella reside fáctica y simbólicamente la idea de cuidado y/o protección de nuestras calles y hogares. Lo cierto es que desde el 18 de octubre de 2019 en adelante se ha develado que las prácticas y acciones ejercidas por Carabineros de Chile han estado marcadas por el uso abusivo de la fuerza junto a una serie de actuaciones arbitrarias, que denotan un uso desproporcionado del poder que detentan, vulnerando en muchas ocasiones los derechos humanos de las personas.
Necesitamos instar a una nueva policía. Porque una institución que resguarde el cumplimiento de las reglas que nos hemos dado es necesaria, pero con otras atribuciones y bajo otras normas. Hoy es notorio que la formación y estructura de funcionamiento de la actual policía tiene aún resabios de autoritarismo propios de la dictadura. Tanto, que incluso responde como órgano autónomo frente a los actos que despliega y no respecto de quien se encuentra subordinada, esto es, el Ministerio del Interior.
La carencia de formación en derechos humanos y la inexistencia de una ley que regule el uso de la fuerza que ejercen, son otras de las deudas que tiene hoy la institución con la ciudadanía. Se requiere una policía que funcione bajo principios de transparencia, responsabilidad, legalidad y que responda ante un orden democrático civil.
Parte de la discusión que se geste en el marco del proceso constituyente debiera permitirnos tratar su existencia y rol, pero sobre todo garantizar su efectiva subordinación al poder civil y el establecimiento de su no deliberación, esto es, que como tal no cuestiona ni decide como si fuera un órgano independiente. Aquello abrirá el espacio necesario para que con posterioridad se dé lugar a una regulación legal, orientada a dividir sus funciones y establecer un real control democrático sobre ella.
Otro aspecto importante será la creación de un Defensor del Pueblo en el proceso constituyente; su rol será de denuncia y fiscalización de los poderes del Estado, pero también podría ser un canal idóneo de denuncia que aborde el actuar y despliegue de esta nueva policía.
Es cierto, necesitamos nuevas reglas, pero también volver a creer en instituciones que debieran velar por nuestras vidas y no atentar contra ellas.