Tras el anuncio del gobierno de Sebastián Piñera sobre el proyecto de indulto general a presos del estallido social, el cual el Ejecutivo aseguró que vetará de aprobarse en el Congreso, diversas organizaciones de Derechos Humanos del país emitieron una declaración pública ante lo que consideran "una grave intromisión en las funciones propias de otro poder del Estado", además de una nueva vulneración humanitaria contra quienes se encuentran detenidos y detenidas.

"El denominado 'estallido social', una expresión multitudinaria de millones de habitantes de nuestro país, que demandaron un nuevo proyecto de sociedad a través del legítimo ejercicio del derecho humano a la manifestación, tuvo como respuesta del gobierno, la aplicación de una política represiva que se manifestó en muertes, torturas, mutilaciones, trauma ocular, detenciones masivas y prisión política", expresan desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Londres 38, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Centro de Formación Memoria y Futuro (CFMF).

Las gravísimas violaciones a los DD.HH. que denuncian desde las agrupaciones, fueron constatadas y consignadas en los Informes, tanto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

En ese sentido, la declaración establece que "el proyecto de ley sobre indulto general, busca reparar en parte, las graves vulneraciones de las que han sido objeto los miles de jóvenes (...) a los presos del estallido social, no se les ha respetado debidamente estos Derechos Humanos básicos, vulnerándoseles seriamente la presunción de inocencia, el principio que la prisión preventiva no debe ser la regla general, y en muchos casos, el derecho a no ser torturado ni ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes".

"El abuso de formalizaciones por graves delitos, fundadas sólo en la versión consignada en los partes policiales emanadas de los funcionarios de Carabineros, que han traído como consecuencia extensos e injustos períodos de privación de libertad, como el caso de Leonardo Quilodrán, quien fue detenido el 23 de octubre de 2019, y permaneció un año en prisión preventiva, acusado de infracción a la Ley de Control de Armas, luego de haber encontrado un cargador de balas y subir una foto a las redes sociales para advertir del tipo de armamento que se estaba usando. Carabineros lo hizo firmar una declaración bajo amenaza y fue torturado en la Cárcel de Coronel", relatan en el escrito.

"Mención aparte merece el anuncio de veto hecho por el Presidente de la República, quien tiene la condición de querellado en decenas de procesos penales sustanciados para investigar su responsabilidad en la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los Derechos Humanos, constitutivas muchas de ellas en crímenes contra la Humanidad", señalan las organizaciones.

"Su decisión de vetar el proyecto de ley si es que es aprobado por el parlamento, constituye además, una grave intromisión en las funciones propias de otro poder del Estado, y una nueva violación de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, al acusarlos de graves delitos, en circunstancias que en su gran mayoría se encuentran sólo formalizados, no condenados, vulnerando con ello la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, se arroga una facultad exclusiva de los Tribunales de Justicia, vulnerando el principio de separación de poderes, presupuesto esencial de todo Estado de Derecho", concluyen.