Este martes el ministro de Salud, Enrique Paris, respondió al escrito que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, presentó para invalidar una petición del secretario de Estado.

De acuerdo a lo que publica Biobío, este lunes el secretario de Estado recurrió a la Corte Suprema para dejar sin efecto el procedimiento determinado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el que se  especificaba la manera en que el Ministerio de Salud debía entregar los emails de la cartera que lidera en el contexto de la indagación por decesos a causa de la pandemia del COVID-19.

La venia otorgada por el tribunal se circunscribió, en todo caso, a aquellos correos no vinculados a la seguridad nacional ni a la adquisición de insumos médicos.

Establecido lo anterior, el Séptimo Juzgado de Garantía elaboró un procedimiento de entrega, con dos copias de los correos electrónicos. Una copia A retenida, con todos los emails bajo cadena de custodia y sin acceso y una copia B en la que Paris debe especificar cuáles son aquellos a los que podrá acceder la Fiscalía.

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Sin embargo, en opinión del secretario de Estado, la Corte Suprema determinó la entrega de los correos sobre los hechos delictivos denunciados y no de su totalidad, por lo que pidió suspender su facilitación.

Adicionalmente, argumentó que es deber de la Fiscalía “identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo, mediante términos o descriptores de búsqueda, y así cumplir con la exigencia impuesta por S.S.E., de hacer posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que pretende incautar”.

La objeción del ministro encontró rápida respuesta de parte del fiscal Xavier Armendáriz, quien formalmente solicitó no se acoja el requerimiento de Paris, ya que el Ministerio de Salud no se opone al procedimiento y es esta cartera la que debe determinar los descriptores de búsqueda.

Paris dice que el juzgado contradice a la Corte Suprema

Por su parte, el ministro Paris respondió este martes a Armendáriz, argumentando que el Séptimo Juzgado de Garantía contradice la decisión de la Suprema, entidad desde donde aseguraron que “el Ministerio Público no tiene la facultad ni el derecho a acceder a los antecedentes excluidos por la resolución fundada de V.S.E. Por lo que se incurre en una contravención a la misma al solicitar fijar un procedimiento cuyo hito inicial es la incautación de la totalidad de la correspondencia, y no sólo aquella que está únicamente vinculada a la comprobación de los hechos denunciados”.

Adicionalmente, el médico se mostró sorprendido por los dichos de Armendáriz alusivos a que es el Ministerio de Salud el que debe establecer los descriptores de búsqueda de los emails y proponer cuáles excluir.

“El Ministerio Público le da la razón a este ministro en torno a que difícilmente se puede sostener la trascendencia y justificación de la diligencia que solicita, si el ente persecutor no se encuentra actualmente en conocimiento de qué es lo investigado, ni puede identificar destinatarios, remitentes, descriptores, palabras claves, o cualquier otro criterio objetivo que permita cumplir con la referida vinculación entre hechos denunciados y correos que se pretende incautar”, dijo.

Ministro cuestiona la recarga laboral en que se traduce la solicitud judicial

Paralelamente el titular de la cartera de Salud, apuntó a la envergadura del procedimiento. “Es de recalcar, S.S. E, que estamos haciendo referencia a un universo de alrededor de 10.000 correos electrónicos por cada casilla solicitada, que el Ministerio Público pretende acceder en su totalidad, generando un ‘espejo’, no autorizado por el tribunal de V.S. E. y menos aún, solicitando una autorización por tres días, para que personal del Ministerio que dirijo, y con justa razón ocupado, revise manualmente la totalidad de los correos electrónicos en pos de resguardar la seguridad nacional tal como V.S.E. resolvió”.

En efecto y de acuerdo al medio citado, la Fiscalía pide acceso a los emails del ex ministro Jaime Mañalich, de su ex jefa de gabinete, Itziar Linazasoro y de la subsecretaria Paula Daza, lo que en total se traduce en 30 mil correos.

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Paralelamente, Paris apuntó a que en otras indagaciones, el Ministerio Público pidió a la PDI buscar algunas palabras claves en los aludidos emails.

“No puede ser carga del Minsal proponer aquellos conceptos que deben ser excluidos, si la carga de investigar los hechos, de acuerdo al mandato constitucional contenido en el artículo 83 de la Constitución Política de la República, recae precisamente en el Ministerio Público. En este orden de ideas, resulta evidente que quien tiene la carga de señalar a este ministro cuales son aquellos términos que se encuentran comprendidos dentro de los hechos investigados, delimitados en el considerando primero de la resolución de S.S.E, es el órgano que tiene a su cargo la dirección de la investigación”, volvió a objetar.