Esto, porque en el segmento emitido entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre por la Fundación Ciudadanos por Chile, la voz que relata sostiene que “si la Constitución es concebida bajo la igualdad colectiva, pones en peligro tu derecho de propiedad para dejarlo a la libre disposición de un Estado soberano popular”.

Luego, la franja a cargo de la fundación creada en febrero de este año, y que solo cuenta con una veintena seguidores en Twitter y un sitio web que se mantiene en construcción, muestra una serie de papeles titulados "mi empresa", "mi casa", "mis tierras", "mi religión", los cuales son tomados por varias manos, simbolizando la pérdida de los bienes de los ciudadanos.

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Derecho internacional

Estas normativas están contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), firmada por Chile en 1948, y la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), ratificada por nuestro país en 1990.

El primero de estos tratados establece en su artículo 17 que "toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente" y que "nadie será privado arbitrariamente de su propiedad".

El segundo, correspondiente a la OEA, agrega en su artículo 21 que "toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes" y que "ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley".

Ambas normativas deben ser respetadas por Chile, ya que la reforma constitucional que dio paso al proceso constituyente determinó que en caso de que se redacte una nueva Constitución el texto deberá "respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

"Descabellado"

Para la abogada constitucionalista de la U. de Chile y Master en Leyes y Teoría Legal de la Universidad de Nueva York, Claudia Sarmiento, este no es un tema que esté en juego, "así como tampoco lo está el derecho a la vida, ni tampoco la libertad de expresión".

"El derecho a la propiedad es un derecho que está consagrado los tratados internacionales de derechos humanos. Y los tratados, en general, son un límite a lo que puede definir la Convención Constitucional. Entonces lo que se está afirmando es llevar a un extremo un argumento que está fuera de los márgenes de la discusión. Entiendo que no sólo técnicamente no es posible, sino que además nadie lo está promoviendo", expresó la experta.

En la misma línea, el docente de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, señaló que "para mí esa frase no tiene ni pies ni cabeza la verdad. No creo que el derecho a la propiedad vaya a desaparecer. No hay ni una razón para eso. Hoy, en Chile, todas las personas entienden que es un derecho importante".

Aún así, Lovera planteó que incluso en casos como la industria de la salud, donde las isapres tienen prácticamente el monopolio del mercado, un cambio en las reglas no implicaría una afectación del derecho a la propiedad privada, sino sólo una reestructuración del derecho al lucro en ciertos ámbitos.

"Detrás de esto me parece que se esconde otra posición, que es si acaso las empresas que prestan servicios sociales hoy día pueden verse afectadas. (Eso podría pasar) si, por ejemplo, se avanza a un régimen de seguro público de salud. Allí las isapres dejarían de tener el monopolio sobre ese negocio, que pasaría a manos del Estado. Pero eso no es afectar el derecho de propiedad, es sólo pasar una actividad que antes permitía lucrar a ser una actividad que ya no te permite hacerlo", explicó Lovera, agregando que además, si llegara a pasar algo de este tipo, las empresas muy probablemente serían indemnizadas.

Desde la Universidad Católica de Valparaíso, en tanto, el profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, agregó que el derecho a la propiedad no se verá afectado "pero para nada".

"El derecho a la propiedad es un derecho civil y político, y esos derechos están consagrados en los tratados internacionales. Y el proceso constituyente tiene como límite los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales. No solamente la propiedad, si no la libertad de conciencia, la libertad de expresión, todos esos derechos están asegurados", señaló Viera.

Falso

Esto, por que como se mencionó, no sólo una idea de este tipo no está siendo promovida por ningún sector, sino que además, técnicamente la nueva Constitución no podría entrar a disputar estos derechos, que ya están asegurados por normativas internacionales a las que nuestro país se somete.

Además, las reglas establecidas para la nueva Constitución explicitan que la nueva carta fundacional debe mantener el respeto por estas normas internacionales.

El Desconcierto intentó contactarse con el abogado José Gregorio Pinto, presidente de la Fundación Ciudadanos por Chile, pero no obtuvimos respuesta.