El ministro del Interior, Víctor Pérez, abordó este miércoles el complejo tema de la acusación constitucional en su contra, dejando claro que esta se transformará en un recurso para evidenciar que ha ejercido su trabajo de manera correcta.

Consultado en medio de un operativo y en declaraciones que recoge La Tercera, Pérez se mostró confiado respecto del destino del libelo y de las posibilidades que la acción le otorga.

“Esta acusación constitucional la tomo como una oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna, he hecho estricto cumplimiento de la ley y, por lo tanto, ese debate que haremos en la comisión y en la Sala, va a acreditar que he actuado (de acuerdo) a la ley”, aseguró el cuestionado secretario de Estado.

Adicionalmente, apuntó al significado que tiene para alguien en el ejercicio de un cargo como el suyo, enfrentar el trámite que, con éxito, sorteó Jaime Mañalich este martes.

“Es importante para un ministro del Interior demostrar eso. Una de sus funciones es el orden público y este tiene dos elementos esenciales, la condena a la violencia y el respaldo a quienes combaten a la violencia", dijo recalcando el ámbito de acción bajo el que opera laboralmente.

[Te puede interesar] Acusación constitucional contra Víctor Pérez: Comisión queda integrada, en su mayoría, por parlamentarios de oposición

Paralelamente, relevó la labor que lidera, asegurando que así lo evidenciará cuando tenga que defenderse de la acción parlamentaria. "Esa dualidad a mi juicio es esencial. Y quienes buscan, a través de acusaciones u otros mecanismos, debilitar esa acción del Estado, en el debate político lo vamos a dejar absolutamente claro”, dijo enérgicamente Víctor Pérez.

En su opinión, logrará acreditarlo primero en la comisión respectiva y posteriormente en el trámite íntegro que la acusación considera en estos casos.

Los argumentos de la acusación constitucional a Pérez

Respecto del libelo que la Cámara comienza a analizar durante la jornada del lunes 19 de octubre, este considera un documento que supera las 80 páginas y que se desglosa en tres capítulos.

El primero, apunta a de manera específica a las infracciones legales en las que habría incurrido el secretario de Estado “al omitir denunciar hechos ilícitos”  que constató en medio del desarrollo del paro de camioneros.

En el caso del segundo, alude a una vulneración del derecho constitucional de igualdad ante la ley, al haber otorgado un trato diferenciado y preferencial al gremio involucrado, en comparación con otras actividades derivadas de manifestaciones, como ha sido el caso de diversos hechos de represión en La Araucanía.

Por último, el tercer capítulo apunta a que el ministro del Interior habría infringido “la Constitución y las leyes, porque Carabineros, reiteradamente, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada”,  lo que ha redundado, de acuerdo al documento, en la vulneración del “derecho a la vida e integridad física”.