"Es inaceptable que el día viernes 2 recién pasado, un carabinero empuje a un joven que cae del puente Pío Nono y además, no haya hecho nada por auxiliarlo, que todos los funcionarios se hayan retirado del lugar y después se hayan tergiversado los hechos con la intención de entorpecer la investigación y ocultar lo acontecido en realidad", comienza la misiva enviada por la Brigada de Abogados y Abogadas Socialistas, en conjunto con el Movimiento Todas y Todos al Colegio de Abogados, además de profesionales de oposición, con la que respaldan a la fiscal Ximena Chong, quien ha sido víctima de amenazas desde que está a cargo de este caso.
"No podemos permitir, como hombres y mujeres de Derecho, que los funcionarios de Carabineros, amparados en el resguardo del orden público, no respeten los derechos fundamentales; no se trata ya sólo de impedir el derecho de movilización o de reunión, sino que atentar derechamente contra la vida y la integridad de las personas", establecen.
"Carabineros es una institución que, por mandato legal, debe colaborar con la justicia; no pueden obstruir las investigaciones ni adulterar hechos o pruebas. No podemos permitirlo" acusan de manera tajante.
Respecto a la fiscal de Alta Complejidad y el duro escenario que le ha tocado vivir en esta última semana, desde la brigada consignan primero que "la calidad personal y profesional de la colega Ximena Chong son incuestionables".
"Es inaceptable que ya durante la formalización fuera amenazada, situaciones que no han cesado, al punto de asignársele custodia de la PDI. Sabemos que ella no se dejará amedrentar por prácticas que creíamos propias de la dictadura, y manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con ella", señalan las y los legistas.
Finalmente, solicitan también la remoción de Mario Rozas. "El gobierno no puede seguir avalando el actuar ilegal de funcionarios de Carabineros, exigimos que se instruyan las investigaciones administrativas necesarias en forma urgente, y se le ordene a la institución la máxima colaboración con las investigaciones judiciales en curso, además de remover ahora de su cargo al general director".
A esta misiva adhirieron casi 300 personas, entre ellas Carlos Gajardo Pinto, Félix Avilés , Paula Vial, Lorena Fríes y Francisco Javier Díaz, por señalar algunos.
