Las consultas de pertinencia son un trámite voluntario, a través del cual el titular de un proyecto presenta antecedentes al director o directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para consultar si, dado dichos antecedentes, el proyecto o la ampliación de un proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental.
El Servicio puede exigir, o permitir obviar la evaluación. Pero no se trata de un pronunciamiento vinculante, y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), si se genera un daño ambiental o se constata que los antecedentes entregados no coinciden con lo que sucede en terreno, puede revertir la decisión y ordenar una evaluación, como lo ha hecho en ciertas ocasiones.
Esto es lo que el gobierno intentó transformar mediante la ley pro inversión, para entregar “certeza jurídica” a los inversionistas. Y existe preocupación de que, al no lograrlo por esa vía, lo hará a través de una modificación al reglamento del SEA que se está discutiendo actualmente.
A través del proyecto de ley pro inversión, el ejecutivo buscaba dar rango legal a las consultas de pertinencia, afirmando que el pronunciamiento del SEA ante esta consulta sería “siempre vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental”. Sin embargo, durante la tramitación legislativa se ingresaron distintas modificaciones.
El texto final aprobado por el congreso, establecía, al contrario, que las respuestas del SEA a las consultas de pertinencia “no serán vinculantes para efecto alguno y deberán ser comunicadas a la Superintendencia”. En el texto del veto presidencial, se afirma que de esta manera el artículo termina yendo en contra de la idea matriz del proyecto, que era agilizar la tramitación de proyectos de inversión. Por tanto, el ejecutivo vetó el artículo completo que hacía referencia a las consultas de pertinencia.
Sin este artículo que limitaba el carácter de las consultas, queda la cancha abierta para ingresar una modificación al reglamento del SEA donde se fortalezca este mecanismo. “El llamado es a rechazar el veto y seguir con el proyecto como lo hemos aprobado en la comisión mixta. Tengo la percepción del que el gobierno quiere refugiarse en los reglamentos, donde nadie le puede cuestionar nada y quedamos a libre albedrío de un gobierno que quiere seguir con un modelo extractivista”, denuncia Gastón Saavedra, diputado que ingresó una indicación referente a este punto del proyecto.
A mediados de septiembre, trabajadores del SEA fueron invitados por parte de la dirección del servicio, para enviar propuestas de modificación a su reglamento. Los trabajadores solicitaron ver la reforma que se estaba trabajando desde la dirección, lo cual fue negado. Los empleados debían limitarse a enviar sus propuestas, las cuales podrían ser consideradas en el texto definitivo que se enviaría al Ministerio de Medio Ambiente, para tramitarse ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Desde la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), “la especulación es que, al no haber conseguido que las consultas de pertinencia fueran admitidas como un mecanismo vinculante a través de la ley, existe la posibilidad d que se intente agregar de forma vinculante a través del reglamento”. Representantes de la gremial expusieron ante las cámaras durante la tramitación del proyecto de le pro inversión, considerando que era “ambientalmente regresivo”.
Las propuestas presentadas por el gobierno para incentivar la inversión y reactivar la economía, han despertado en distintas ocasiones la preocupación de ambientalistas, para quienes es fundamental mantener o incluso aumentar el estándar ambiental de los proyectos a evaluación. Para los parlamentarios que se opusieron a las consultas de pertinencia vinculantes, la medida iría en detrimento de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión.
Isabel Allende afirma que en dichas consultas “no hay una verdadera evaluación ambiental, ni información a las comunidades y por lo mismo tampoco participación ciudadana. Permitir que las consultas de pertinencia sean vinculantes, lo que hará será permitir abusos empresariales en contra de las comunidades y el medio ambiente, como hemos visto ya en otras oportunidades donde los empresarios entregan información falsa o distorsionada al Estado”.
Para muchos, la falta de preocupación del gobierno con entregar información transparente y permitir la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos, es lo que se refleja en la decisión de no firmar el acuerdo de Escazú. Tanto este rechazo como el veto presidencial generaron descontento entre senadores de oposición, quienes manifestaron que en respuesta pondrán en tabla proyectos como el de Glaciares o el de Delito ambiental.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/04/mas-de-60-organizaciones-denuncian-influencia-ilegitima-del-ministerio-de-economia-sobre-el-sistema-de-evaluacion-ambiental/
