Este martes el gobierno de Chile cerró definitivamente las puertas al “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” conocido como el “Acuerdo de Escazú”, asegurando que Chile no firmará el pacto que comienza a regir el 26 de septiembre.

Desde el Ejecutivo justificaron esta decisión en un comunicado con cuatro puntos, donde se argumentaba que el acuerdo contaba con "una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental", generando "incertidumbre política" y exponiendo al país a "controversias internacionales".

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A raíz de esto, El Desconcierto conversó con Josefina Correa, directora política de Greenpeace, quien asegura que esta decisión, tomada por la administración de Sebastián Piñera, "evidencia la publicidad engañosa con la que opera en general este gobierno, esta discrepancia entre lo que dice que hará y lo que ejecuta".

"El Acuerdo de Escazú establece medidas para garantizar el derecho a la participación en las decisiones que influyen en el medio ambiente, y esto es algo que ya está consagrado en nuestra Constitución. El gobierno ocupa el tema medio ambiental como consigna, pero cuando se requiere avanzar siempre se retrotrae", acusa la abogada especialista en este tema.

En cuanto a los fundamentos entregados desde La Moneda para justificar ante la opinión pública esta polémica determinación, Correa sostiene que "es difícil contrarrestar los argumentos del gobierno, porque pierden base lógica y jurídica constantemente. El gobierno plantea que tendríamos que modificar cosas nacionales y que eso nos pondría 'en riesgo', y el único 'riesgo' que traería esto es poder participar de una manera democrática más clara en estas materias".

"Toda la interpretación es sumamente tendenciosa, y con miras a sostener básicamente lo siguiente: el gobierno prefiere no entregarle las herramientas a las personas para poder ejercer los derechos que el mismo Estado reconoce. Y esto es muy grave, porque, por ejemplo, si los tratados de libre comercio permanentemente someten a Chile a la posibilidad de ser demandado como Estado por corporaciones, resulta muy extraño que se limite la posibilidad de las personas de poder contrarrestar este posicionamiento de inversiones y grandes corporaciones dentro de los países. No tiene lógica", alega la representante de Greenpeace.

"Incertidumbre jurídica"

"Ellos plantean que generaría incertidumbre jurídica porque permitiría una mayor judicialización de los casos, es decir, que las personas tendrían más derecho a alegar su participación en temas medio ambientales, y esto es tener una mirada muy restrictiva de lo que es la democracia en términos generales (...) el establecer esos derechos de acceso solo podría permitir que, en un espacio democrático, las partes y los actores puedan resolver estos conflictos antes", aclara la abogada ambientalista.

"Este país tiene abierto más de 100 casos de conflictos socioambientales por esta situación. Entonces, la amenaza que plantean ellos con la judicialización es una manera muy estrecha de ver la necesaria progresión que debe haber en temas de Derechos Humanos y medio ambiente. Y quienes han liderado la COP25 deberían estar informados sobre la importancia de esto", recalca Correa.

En esta línea, sobre la COP25 y APEC, cumbres que se realizarían en el país el año pasado y que Chile estaba encargado de presidir - con un Ejecutivo que izó las banderas del medio ambiente y el Acuerdo de Escazú para conseguir la localía -, la especialista afirma que "el gobierno del Presidente Piñera ha hecho una publicidad engañosa con ese material".

"Necesitamos que las autoridades electas dimensionen el problema de la crisis medio ambiental y ecológica (...) no estamos haciendo las cosas bien, ni el Presidente Piñera, ni el mundo en general. Hay que ser críticos en términos constructivos, de determinar cuál es el tipo de autoridad que requerimos para enfrentar los desafíos que se vienen. Y, en ese sentido, el gobierno y el Presidente Piñera no dan el ancho", señala.

"El plan de reactivación económica del gobierno tiene dentro de sus temas acelerar los procesos de evaluaciones de impacto ambiental, acelerar los procesos de concesiones, es decir, es el mismo desarrollo que tenemos hasta hoy, pero de manera intensa y sin que existan más herramientas para que la ciudadanía se defienda de este tipo de cosas. Chile está exigiendo mayor democracia, y este es un ejemplo de la ceguera de este gobierno. Siguen creyendo que hay grandes fantasmas y lo que hay es una gran necesidad de participar", dice Correa.

Finalmente, y por todo lo anterior, la abogada concluye que, en Chile, "el Estado está para asegurar los derechos de las empresas y no los de las personas".

"El Presidente Piñera ha engañado al país"

En total acuerdo con su colega, el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, también emitió su opinión al respecto a través de un comunicado organizacional, donde expresó la decepción que significa para las agrupaciones medio ambientales esta negativa al acuerdo.

“Con la intervención en el Congreso del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y de la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en donde han intentado explicar las razones por las que Chile no firmará el Acuerdo de Escazú, se confirma que el gobierno del presidente Piñera ha engañado al país, haciéndonos creer que los temas medio ambientales están en el centro de su agenda. No es así, y hoy ha quedado ratificado con la intervención del Canciller", denunció el dirigente.

"El gobierno promovió y lideró el acuerdo de Escazú que hoy decide no firmar. El gobierno expuso el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25. Bueno, resulta que todo fue un engaño. Una publicidad engañosa que finalmente hoy se sincera. Sentimos la decepción de quien ha sido engañado por largo tiempo”, sostuvo Asun.