Carabineros emitió este viernes una declaración en la que se refirió al sumario administrativo de Contraloría contra siete generales del Alto Mando en el contexto del estallido social del 18 de octubre.

“Como siempre se ha actuado ante el ente contralor, se aportará la información que permita el desarrollo de las diligencias que realiza”, se lee en la declaración.

En el documento sin embargo, dejan establecido el marco bajo el que supuestamente operaron sus efectivos. “Es oportuno recordar que el contexto del período en cuestión fue de extrema violencia", aclaran.

Además, especifican que según sus registros hubo "8.957 eventos de graves alteraciones del orden público”.

“Ello significó una alta exigencia y, por consecuencia, una demanda sin precedentes sobre los medios humanos y logísticos con que contaba Carabineros de Chile, como fue públicamente conocido”, agregan.

“Carabineros reitera el reconocimiento y apoyo a sus hombres y mujeres"

Además argumentan que “a pesar de esas dificultades, con carabineros heridos, cuarteles atacados y vehículos destruidos, nuestra institución mantuvo el compromiso con la paz social y el orden público”.

“Carabineros reitera reconocimiento y apoyo a cada uno de sus hombres y mujeres, que supieron y saben responder a este enorme desafío país”, concluye el comunicado.

Respecto de los cargos, estos apuntan a siete generales activos del Alto Mando de Carabineros por su eventual responsabilidad administrativa, en el contexto del estallido social.

Se trata del general inspector Ricardo Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad, junto a los generales inspectores, Jorge Valenzuela Hernández, actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales y Mauricio Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Zona Metropolitana.

Además, considera a Enrique Bassaletti, jefe de Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, Jefe de V Zona Valparaíso; y Jean Camus, director de Logística.

La génesis del sumario a

Así lo reveló una investigación de BioBío, que consigna que la formulación de cargos se enmarca en un sumario administrativo, dirigido por la Fiscalía Institucional de la Contraloría.

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A la investigación se le dio curso luego de que se recibieran denuncias de particulares y organizaciones de Derechos Humanos extranjeras.

De esta manera, el ente busca establecer si los uniformados garantizaron el cumplimiento de los protocolos del uso de fuerza en apego a los manuales internos vigentes a esa fecha, que fueron modificados en febrero.

Respecto de las sanciones que arriesgan, estas van desde una amonestación a la hoja de vida hasta ser dados de baja de Carabineros.