“Dúchate en tres (minutos) y cuida el agua” fue la consigna que adoptó el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente para su campaña contra la escasez hídrica. Y aunque la ciudadanía toda debe responsabilizarse en el uso del agua, el porcentaje que se consume en los hogares es ínfimo en comparación con el de la actividad agrícola o forestal, donde se pueden generar cambios significativos.

En esta línea va el proyecto de ley aprobado en general por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado la pasada semana, que establece normas e incentivos para la eficiencia hídrica en el sector productivo. La iniciativa propone medir la huella hídrica de los proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y ofrecer certificaciones de eficiencia hídrica para productos y procesos productivos, con sellos que sean reconocidos dentro y fuera del país. Como novedad, establece el ingreso al SEIA de proyectos agrícolas, además de solicitar la restitución de agua a su fuente y otros parámetros de eficiencia para beneficiarios de la ley 18.450 de fomento al riego.

Huella hídrica y eficiencia

La huella hídrica es un indicador que mide el volumen de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios que consumimos. La Mesa Nacional del Agua constituida por el presidente Sebastián Piñera el año pasado, diagnosticaba la falta de información y el uso ineficiente del recurso como unos de los principales obstáculos para paliar el déficit hídrico al que se enfrenta el país. Medir la huella hídrica permite definir actividades productivas con información certera y establecer metas de eficiencia.

La eficiencia, por su parte, reduce la demanda de agua, liberando volumen para otros usos, no solo de aprovechamiento humano o industrial sino para restaurar y mantener los ecosistemas que sostienen el ciclo natural del agua. “La eficiencia hídrica evita el sobredimensionamiento de obras para nuevas fuentes de agua. Cuando hablamos de embalses, trasvases o plantas de desalinización, muchas veces son obras caras, lentas y que generan externalidades sociales y ambientales negativas que hay que mitigar. Si partimos por las nuevas fuentes de agua estamos haciendo el trabajo de gestión al revés”, exponía ante la comisión Ulrike Broschek, gerenta de sustentabilidad de la Fundación Chile, quien lideró la iniciativa Escenarios Hídricos 2030. Según afirmó en la misma comisión el director General de Aguas, Oscar Cristi, un aumento del 5% en la eficiencia en riego aportaría más agua que los 26 embalses anunciados por el gobierno en el 2019.

La paradoja de la eficiencia

La ley 18.450 de fomento al riego ha contribuido a aumentar el riego tecnificado en el país. Sin embargo, tiene ciertos vacíos que este proyecto busca remediar. Tal como señaló la CEPAL en la evaluación del desempeño ambiental de Chile en el 2016, la ley de riego entrega un “incentivo perverso” donde el ahorro causado por la eficiencia en el riego, termina siendo destinado para aumentar la superficie de riego, cultivando más hectáreas. “Ese incentivo hoy debe repensarse y este proyecto da la oportunidad para mantener los subsidios para quienes avancen en eficiencia, e imponiendo una regla para que el ahorro de agua, si fue subsidiado por el Estado, implique recuperar esa agua para el beneficio de intereses generales”, analiza Verónica Delgado, abogada y profesora de derecho ambiental y de aguas, de la Universidad de Concepción.

Otro vacío legal apuntado esta vez por un informe del Banco Mundial sobre la gestión del agua en Chile, señala la falta de regulación para la contaminación difusa agrícola y forestal, por nutrientes, fertilizantes y pesticidas, y por riego cuando se utilizan efluentes de aguas servidas. “Al agregar la cantidad óptima de agua al cultivo (el agua justa que se necesita, sin excedente), evito el arrastre de fertilizantes y agroquímicos en el suelo que pueden infiltrar las napas, lo que afecta la calidad de agua”, afirmaba en la comisión Ulrike Broschek.

Evaluar al sector agrícola

“La agricultura es una actividad fuertemente subsidiada con recursos de todos los chilenos, para el riego y el uso de agroquímicos. Debemos avanzar hacia subsidios sustentables que protejan los ecosistemas y no que beneficien actividades que son importantes para el país pero que se ejecutan de una manera que no resguarda la naturaleza y el agua como bien común”, sostiene Verónica Delgado.

El proyecto de ley presentado, además de agregar la medición de huella hídrica en las evaluaciones de impacto ambiental, establece que los proyectos de riego y/o cultivo agrícola ingresen al SEIA. La fuerte expansión de la agricultura en Chile ha significado pérdidas de bosque nativo, lo que tiene un gran impacto en la biodiversidad y los ecosistemas. El rubro agrícola, uno de los principales usuarios de agua, ha estado en el ojo de la tormenta tras conocerse la crisis del agua en Petorca y su relación con el cultivo de paltas en la zona. Evaluar ambientalmente este tipo de proyectos ha sido un pedido recurrente de las comunidades organizadas.

“Es complejo porque el SEIA evalúa el impacto ambiental de un proyecto según cómo se ajuste a la normativa ambiental vigente. Este sector, está bastante desregulado lo que complejiza la evaluación. Esto, a su vez, puede ser un incentivo para regular la actividad y existe experiencia comparada con otros países que puede ser útil analizar”, afirma Delgado. En distintos países los proyectos agrícolas ingresan a evaluación ambiental según se trate de proyectos de “explotación intensiva”, o cuando se cambia por primera vez el uso de suelo para su uso agrícola, especialmente si se reemplazan ecosistemas valiosos.

Para robustecer este y otros aspectos del proyecto, es necesario un respaldo por parte del Gobierno. Desde el equipo de la senadora Isabel Allende, quienes presentaron la iniciativa, esperan un resultado similar al del proyecto de ley de eficiencia energética, que está cercano a despacharse, y que también exige planes de eficiencia a grandes consumidores del recurso. Sin embargo, en este caso se prevé la oposición del sector agrícola, que ha sido de los principales opositores a reformas como la del Código de Aguas. La Comisión de Recursos Hídricos del Senado aprobó la idea de legislar este proyecto el pasado 6 de agosto, y deberá votarse en general en Sala para iniciar luego su discusión en particular.

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