En esta línea, desde la policía confirmaron que un funcionario fue dado de baja por "incumplir el protocolo" con material relacionado al caso de Gustavo Gatica, el primer manifestante en perder la completamente la visión debido a las agresiones de Carabineros, que dejaron más de 460 personas con heridas oculares por dispararles perdigones y balines a la cara.

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De acuerdo con Diego Olate, general director (s) de Carabineros, tras la realización de un sumario interno, los antecedentes fueron entregados a Fiscalía, donde se sigue investigando los hechos. En estos informes se constata que entre el 18 de octubre de 2019 y el 19 de marzo de este año, se iniciaron 1.228 procesos administrativos a nivel nacional, de los cuales 1.000 se encuentran terminados en su etapa administrativa y 228 en investigación.

Tras estos sumarios, 173 carabineros se encuentran con algún tipo de sanción y 14 fueron dados de baja.

Dentro de este último grupo, desde la fuerza policial se refieren efectivamente al caso de Gatica, donde aseguran que uno de sus carabineros cometió un "grave incumplimiento de los protocolos detectados en la investigación interna. Dicha infracción consistió en que las imágenes entregadas a la PDI en el mes de diciembre fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo, sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente".

"Si bien las imágenes se encuentran en poder de la PDI y la Fiscalía, el no cumplimiento de esa instrucción es motivo suficiente para esta decisión. Es importante aclarar que esta sanción corresponde a la responsabilidad administrativa del funcionario, la que es independiente de la investigación que se lleva adelante en el Ministerio Público", recalcaron.

Otros casos

Dentro de estas indagaciones también destaca el caso de Fabiola Campillai, quien perdió el sentido de la visión, el gusto y el olfato tras sufrir el impacto directo de una bomba lacrimógena en su cabeza, mientras se dirigía a su trabajo en San Bernardo. De acuerdo con la policía, esta investigación “sigue en desarrollo”.

“Lamentablemente no se ha podido contar con la declaración de la víctima a pesar de ser solicitada a los organismos correspondientes”, añadió Olate.

En cuanto a la denuncia realizada sobre las personas que habrían sido "crucificadas" al interior de una comisaría en Peñalolén, desde la institución señalaron que "la investigación arrojó que los detenidos fueron inmovilizados de una de sus manos a una antena de comunicación dada la gran cantidad de detenidos que había en ese momento en la unidad", y que "se descartó la veracidad de los hechos denunciados, no acreditándose la responsabilidad administrativa de ningún miembro de la institución".

Por último, dentro de estos informes se corrobora que ocho de los 14 funcionarios dados de baja corresponden a los agresores que golpearon a un joven en Puente Alto a principios de 2020, ataque que fue registrado por cámaras de seguridad que había en los alrededores.